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| El Lic Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos,(ANAD) durante su presentación en el Congreso Nacional Popular de Educación, Cultura,Arte,Ciencia e Investigación,el 3 de ferero de 2013eyenda |
Los retos del magisterio ante la reforma educativa
por Manuel Fuentes Muñiz.
Publicado en "www.lasillarota.com" el 8 de febrero de 2012
El primer efecto de la llamada reforma educativa es el cambio de régimen laboral que sufre el magisterio al retirarlos como si fueran objetos del apartado B del artículo 123 Constitucional y trasladarlos a un régimen especial del artículo 3º Constitucional en donde el gobierno patrón asume el control unilateral de las relaciones laborales.
Hace a un lado al Sindicato y las condiciones generales de trabajo, anula la bilateralidad y cancela el derecho de inamovilidad de los trabajadores magisteriales permitiendo el libre despido.
El gobierno patrón asume de manera unilateral los términos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del servicio. Borra súbitamente los derechos laborales magisteriales y los convierte en “derechos administrativos”.
Sus conflictos dejarán de ser materia de los tribunales laborales para que adelante los tribunales administrativos sean quienes conozcan de esos conflictos.
Hechos como estos sólo ocurren en regímenes dictatoriales que imponen con la fuerza del Estado políticas sin el consenso nacional. Se atreven sin más, por medio de un pacto firmado a espaldas del pueblo desconocer derechos históricos de trabajadores.
El cambio desnaturaliza los alcances del artículo 3º constitucional que tiene como propósito garantizar el derecho de educación para insertar las nuevas condiciones especiales a las que estará sometido el magisterio nacional en todos los ámbitos.
El cambio afectará a quienes laboran en sistemas de educación inicial que atiende por medio de los Cendis a menores de tres años, a los de educación preescolar encargados de niños y niñas de 3 a 6 años de edad. A los de las escuelas primarias y secundarias generales, técnicas y telesecundarias.
A los de educación especial para la atención de personas con minusvalías, a quienes laboran en educación para adultos y también a los de educación indígena.
Afectará a profesores de nivel medio o superior, como a los bachilleratos de educación especializada, a los de la Universidad Pedagógica Nacional o quienes laboran en las 220 escuelas normales y 16 escuelas rurales que se encuentran en todo el país.
El alcance es de grandes proporciones porque afectará a todo trabajador del magisterio ya sea federal, estatal o municipal. Como dice la exposición de motivos el propósito de esta ley será establecer una “legislación diferenciada para el personal de la educación pública respecto de los demás trabajadores del Estado”.
La medida afecta a los cerca de 1 millón 150 mil trabajadores docentes y 600 mil no docentes (en los que se incluyen secretarías, veladores, prefectos entre otros), ello sin contar a los casi 400 mil trabajadores que están en proceso de desbasificación.
El hecho es muy grave porque la medida se pretende justificar con una reforma constitucional tratando de blindarla para que no sea cuestionada legalmente. Sin embargo están muy equivocados quienes diseñaron este retroceso laboral.
Los derechos laborales que se menoscaban son contrarios a Tratados, Pactos y Convenios Internacionales por lo que incluso ni la Constitución puede ir en contra de derechos humanos aprobados internacionalmente.
Es válido que los trabajadores del magisterio promuevan amparos masivos ante los jueces de distrito en todo el país dentro de los 30 días hábiles siguientes, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación esta lesiva reforma.
La Constitución permite en el artículo 103 recurrir a los tribunales de la federación cuando haya controversia “por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
La Constitución en su artículo 1º prevé que toda persona gozará de los derechos humanos que contemplen la Constitución y los Tratados Internacionales y que su interpretación en todo tiempo deberá favorecer a las personas para su protección más amplia.
Que es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Todos estos conceptos que protegen los derechos humanos fueron desconocidos por quienes decidieron aprobar esta reforma educativa en perjuicio de millones de niños, jóvenes y padres de familia al imponer la “autonomía de gestión” de las escuelas para retirar la responsabilidad estatal.
Todos ellos también tienen derecho a promover un amparo en defensa de la educación pública sustentando su acción en grandes movilizaciones.
Nadie puede estar contra de medidas que busquen la mejora de la educación y fortalezcan sus instituciones a favor de los niños y jóvenes de nuestro país, pero éstas debieron discutirse de manera amplia en todo el país para sumar el esfuerzo de todos los sectores sin que ello significara menoscabar derechos básicos de trabajadores del magisterio.
Se equivocan quienes desde aparatos de poder pueden cambiar y desaparecer derechos fundamentales de las personas a través de normas injustas.
Son tiempos de la respuesta magisterial, a pesar de sus líderes, en defensa de la educación y sus derechos humanos.
