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| La presencia de maestros del CEND-SNTE y del CDMP con propuestas unitarias, de elevados principios.En la foto la manta del 31 de eenero ,consigna que presidió los trabajos dela Mesa 2 del CSHNC. |
Exige Congreso Social a RMV frenar la criminalización de movimientos populares
Mónica Camacho
Publicado porLa Jornada de Oriente.24 de febrero de 2014
Un cese a la criminalización de la lucha social, libertad inmediata a los presos políticos en el estado, así como respeto a los derechos sociales de la clase trabajadora y del movimiento campesino son las demandas que forman parte del pliego petitorio que las organizaciones nacionales miembros del Congreso Social entregarán este lunes al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para solidarizarse con los movimientos locales que denuncian prácticas autoritarias y represivas de la administración local.
Los delegados que participaron en la reunión nacional en representación de 11 estados del país suspendieron la marcha que programaron ayer hacia el zócalo de Puebla, ante las amenazas de que serían recibidos por granaderos de la Policía Estatal, informó Marco Antonio Mazatle Rojas, dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) Sección 3.
Durante una conferencia de medios, Mazatle anunció que el pliego petitorio se elaboró en mesas de trabajo que el Congreso Social llevó a cabo en la metrópoli el fin de semana, como parte de su IX Encuentro Nacional.
El documento, que cuenta con el aval de la Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), El Barzón y el STRM, se entregará este día al titular del Poder Ejecutivo local, quien es acusado por los movimientos populares del estado de no tener interlocución con los ciudadanos y hacer uso de la “política del garrote”, ordenando operativos de desalojo y el encarcelamiento de líderes sociales.
A la cabeza del pliego se encuentra la demanda de respeto a la dignidad y los derechos humanos de las organizaciones sociales y de todos los poblanos, así como a los derechos sociales de la clase trabajadora y del movimiento campesino.
En el tercer punto el Congreso Social exige un cese a la criminalización de la lucha social, así como un alto a la persecución y represión; en el cuarto, una reforma de estado que responda al interés ciudadano, y en el quinto, un freno a la política privatizadora del gobierno estatal ante su intención de concesionar el servicio de agua potable.
También se demanda respeto a los pueblos originarios, a su cultura, territorio y recursos naturales, así como al Centro Histórico de la ciudad como patrimonio de la humanidad, por lo que en los puntos seis y siete del pliego el pronunciamiento se dirige contra las “minas de muerte” y la privatización del primer cuadro de la ciudad.
En octavo lugar se reclama la libertad inmediata y sin condiciones de los presos políticos, en particular del octogenario líder de los colonos ampliación Xilotzoni, Delfino Flores Melga, y la restitución inmediata de un espacio para vivir a favor de ese grupo de ciudadanos, que fue desalojado el año pasado del predio que lleva el mismo nombre.
Asimismo, el Congreso Social incorporó en el punto nueve la exigencia de respeto a la libertad de expresión y no más “cercos mediáticos a favor del Ejecutivo”, y en el décimo lugar la reinstalación inmediata a los maestros cesados por no aplicar la Evaluación Nacional del Logro Académico (ENLACE).
La campaña por la presidencia
Mazatle Rojas dio lectura a la proclama del Congreso Social en conferencia de medios, en la que señaló una incorrecta distribución de los recursos públicos en Puebla que se orientan con el único propósito de posicionar la imagen de Rafael Moreno Valle Rosas de cara a la elección presidencial de 2018.
“Ha dado concesiones a las grandes televisoras de Televisa y TV Azteca, descuidando la política social y excluyendo a las organizaciones sociales y campesinas, limitando los proyectos productivos; es decir, ha hecho un gobierno virtual de obras espectaculares que no beneficia a los poblanos”, censuró.
Afirmó que las perspectivas de cambio que generó en la población el inicio del gobierno morenovallista, tras la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Casa Puebla, nunca se incumplieron.
Como ejemplo refirió las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las cuales reportaron un incremento en los niveles de pobreza en Puebla el año pasado.
De los casi 6 millones de habitantes que tiene la entidad, expuso, 864 mil poblanos están en pobreza extrema, mientras que 3.5 millones son pobres.
Además, puntualizó que 4 millones de personas carecen de seguridad social, un millón no tiene vivienda, un millón 589 mil padece carencias en el acceso de alimentación y 400 mil poblanos tienen rezago educativo.
Parte del problema son los bajos ingresos de los habitantes, ya que un millón 300 mil poblanos reciben de uno a tres salarios mínimos; es decir, que viven con menos de 5 mil pesos mensuales, agregó.
Control y represión
El Congreso Social acusó que las prácticas represivas se han convertido en el sello de la administración estatal. Mazatle Rojas destacó la desaparición del sindicato único del Colegio de Bachilleres y su sustitución por una organización gremial afín a la administración morenovallista.
Además, recordó los operativos de desalojo contra campesinos, comerciantes y ciudadanos, en algunos casos golpeados con brutalidad y encarcelados, así como la persecución contra los mototaxistas y los despidos contra maestros democráticos.
También fustigó la falta de respuesta por parte del gobierno estatal para los ciudadanos defraudados por distintas cajas de ahorro, las cuales se crearon con el consentimiento del gobierno federal y estatal al no establecer regulaciones que acotaran sus funciones.
