MAESTROS
No idóneos
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Enrique Peña Nieto presenta
un perfil no idóneo para gobernar una nación. No hay mejor muestra que
los estragos de los sismos de septiembre. Foto: Alpanocan tras sismo de
7.1 el 19 de septiembre,
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Publicado por Gustavo Santin Nieto/ La Jornada de Oriente / 23/10/2017
Maestros y maestras de las zonas siniestradas por los sismos del 7, 19 y 30 de septiembre, evalúan la respuesta que Aurelio Nuño brinda para regularizar las actividades escolares de un ciclo escolar que sepultó a la reforma educativa entre los escombros de un número de 276 escuelas, que tendrán que demolerse y otras que serán objeto de diversas reparaciones. Entrampado por las decisiones adoptadas y algunas versiones que habría concluido, la fase 1 del retorno a clases en varias entidades, enfrenta protestas de madres y padres de familia y del personal docente, quienes exigen el dictamen de “Escuela Estructuralmente Segura” que les permita regularizar actividades en planteles que no presentaron afectaciones, pero que por el procedimiento impuesto y ante la falta del peritaje correspondiente, aún no lo hacen. Datos oficiales pronunciados por el encargado del despacho educativo, ubicarían perjuicios en 16 136 escuelas de las que 276 presentarían daño total, 5 mil resultarían con daños parciales y “10 mil 797 con daños menores” y que afectarían a 475 mil 98 alumnos de 2 mil 896 escuelas, quienes tendrían que ser reubicados (tres de cada cuatro) o tomar clases en “aulas temporales”. (goo.gl/HLHgmF)
Mediante un ajuste parcial de cuentas publicado el jueves 19 de octubre por la dependencia que comanda Nuño, la SEP habría dado a conocer –de manera inversa a las cifras ocupadas– que aún no regresan a clase 1 497 870 alumnas y alumnos de cuatro entidades, de las y los que 930 000 corresponderían a quienes asisten a escuelas ubicadas en el estado de México; 234 000 en el de Puebla; 214 590 en Oaxaca y 119 280 al de Morelos. Cifras de una matrícula en datos cerrados dada a conocer por la fuente, correspondiente a 3 100 000, 1 800 000, 933 000 y 119 280, respectivamente. Números absolutos que equivaldrían a porcentajes de 30 por ciento, 13 por ciento, 23 por ciento y 71 por ciento, según se fueron enlistando y que ubicarían en primer sitio al estado de México y por porcentajes, al de Morelos. Según el Comunicado 317, 7.6 millones de alumnos han regresado a clases en 18 889 en escuelas de Chiapas; 15 249 en el estado de México; mil 908 en Morelos, 12 mil 610 en Oaxaca y 12 mil 753 en Puebla.
Empero, la sociedad civil, el magisterio y las y los tutores no solo evalúan la capacidad real de respuesta que en su materia han tenido Nuño y las autoridades educativas locales ante el desastre. Califican como poco pertinentes y erráticas algunas de las medidas adoptadas tras la inhabilitación “justificada” de cuatro días de labores docentes –del 20 al 25 de septiembre, tras la suspensión unilateral de actividades escolares twiteada para todas las escuelas de la entidades afectadas, anunciada el domingo 24, acción que impediría adelantar trámites que permitieran reiniciar clases a partir del 20 de ese mes, al no considerar la insuficiencia en el número de Directores Responsables de Obra, habilitados para emitir los peritajes que se solicitaban a las escuelas de financiamiento privado, lo mismo que a las públicas, sujetas estas últimas, al calendario y a la disponibilidad altruista de los agremiados de los colegios de arquitectos y de ingenieros civiles que cubrieran los requisitos establecidos por los ayuntamientos. Los evaluarán también, por la falta de coordinación con las autoridades responsables de Protección Civil, rebasadas por una demanda artificial y por la poca claridad del procedimiento a seguir, sujeto al capricho de los mandos medios e intermedios de las secretarías de Educación locales y federal. Las medirán también por el poco grado de sensibilidad evidenciado ante las comunidades educativas, ubicadas en las 10 entidades afectadas y por la excesiva exposición mediática, montada ante situaciones como la del Colegio Rébsamen, en las que se le pretendía mostrar a Nuño como el salvador del interés superior de niñas, niños y adolescentes en contubernio con “el canal de las estrellas” y por el rechazo a proyectos de reconstrucción de escuelas, contrarios a la expresión del sentir de las y los habitantes como en el caso del Centro Escolar de Juchitán, Oaxaca.
Los juzgaran por el dispendio de recursos del programa “Escuelas al Cien”, transferidos por el INIFED a las autoridades locales, destinados a reforzar “la Seguridad Estructural y las Condiciones Generales de Funcionamiento” de escuelas públicas que, como el Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas de Izúcar de Matamoros, Puebla, serán derruidos debido al grado de afectación que sufrieran el 19 de septiembre y por permitir que gobernadores locales, como sucediera en el caso de Graco Ramírez Abreu, nombraran a incondicionales como responsables de los “Comités Técnicos de los Organismos Descentralizados para la reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre”, al margen de las autoridades designadas en las secretarías de obras e infraestructura locales y de las delegaciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
Le cuestionarán por permitir que autoridades locales (IOCIFED) contraten la instalación de “aulas provisionales”, gallineros elaborados con PVC, con un costo superior de hasta 33 por ciento –como denuncia el periódico El Universal– “que un aula tradicional didáctica diseñada para zonas con alta sismicidad, según información oficial del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa”, a pesar de que los trabajos contratados incluyan la demolición de 67 escuelas en el Istmo de Tehuantepec, declaradas pérdida total y la limpieza del predio que ocuparan, el retiro de escombros y la instalación de la nuevas aulas. Lo mismo sucederá con el incremento de los costos de la reparación de las escuelas siniestradas, provocando especulaciones acerca del destino de los excedentes autorizados.
La evaluación social llego para quedarse y muchos –como Peña Nieto y Nuño– podrían resultar no idóneos para el ejercicio de un encargo. Compromiso que tuviese que ser refrendado por el pueblo, mediante un procedimiento que debería ser contemplado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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