viernes, 14 de octubre de 2011

AVANZA REFORMA AL ARTICULO TERCERO DE LA CONSTITUCION


Ley correcta, realidad no tanto


 Editorial. La Jornada .14 de octubre de 2011



El pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer, por unanimidad, las reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución, que hacen obligatoria la educación media superior. De acuerdo con la minuta aprobada en San Lázaro –que tendrá que ser avalada por la mayoría de los congresos estatales–, la obligatoriedad del bachillerato será gradual y se iniciará a partir del ciclo escolar 2012-2013, "hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país, a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022".

Las reformas referidas constituyen un avance en la adecuación del marco legal vigente a las necesidades sociales del país. Pero, aunque el propósito que se persigue resulta incuestionable, esas modificaciones no bastan para llevarlo a cabo.

En principio, el país arrastra un rezago histórico en materia de cobertura educativa: actualmente, cuatro de cada 10 jóvenes en edad de cursar el bachillerato se quedan sin ingreso a los ciclos de educación media 
superior, no sólo por las carencias de su preparación escolar previa, sino por falta de cupo en los planteles públicos; tales niveles de exclusión son consecuencia de la asfixia presupuestaria, el abandono y la precariedad a que ha sido sometida la educación pública por los gobiernos neoliberales, incluido el actual. Para que dicha reforma cuente con condiciones mínimas de cumplimiento es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar educación gratuita y de calidad para todos los mexicanos, así como frenar el proceso de conversión de la enseñanza en un producto disponible sólo para quienes puedan adquirirlo, proceso negado por los gobernantes de las tres décadas anteriores pero convertido en una alarmante realidad hoy día.

Por otra parte, en un momento social caracterizado por el aumento de la pobreza y la miseria, la desigualdad, el desempleo, la exclusión y la marginación, la cobertura universal en educación media superior sólo puede ser vista como un buen deseo. El mismo paradigma neoliberal que ha llevado al sistema de educación pública a grados de desastre, ha construido un país en el que buena parte de las familias no cuentan con recursos suficientes para enviar a sus hijos a la escuela –y, en no pocos casos, para garantizar siquiera las necesidades mínimas de alimentación y vivienda– y en el que éstos carecen, en consecuencia, de horizontes de desarrollo personal distintos a la economía informal, la emigración, la delincuencia o, en el mejor de los casos, la incorporación a trabajos mal pagados, precarios e inseguros.

De esta manera, aunque las reformas citadas son positivas, se corre el riesgo de que su aprobación acabe por dar paso a una nueva circunstancia de simulación legal –como ocurre, por ejemplo, con los preceptos constitucionales del trabajo y la vivienda dignos y del salario remunerador–, o que, peor aun, se convierta en un pretexto para criminalizar y acosar a aquellas familias que, agobiadas por circunstancias de carencia económica y marginación social, no puedan cumplir con las obligaciones ciudadanas que se desprenden de las reformas comentadas.

En ocasiones, los cambios en las leyes pueden funcionar como catalizadores de cambios en la realidad social misma, y cabe esperar que sea precisamente eso lo que ocurra con la reforma constitucional referida. Pero para ello es necesario también modificar la postura de la administración hacia el sistema educativo, el cual es utilizado hasta ahora como carta de cambio en la negociación de favores políticos y como anacronismo estorboso para la plena privatización de la enseñanza. Es preciso, asimismo, crear las condiciones sociales y económicas para que las familias puedan enviar a sus hijos adolescentes a la escuela durante tres años más que los actualmente estipulados y puedan, además, tener la certeza de que el esfuerzo vale la pena. En suma, el cumplimiento efectivo y universal de la educación obligatoria hasta el bachillerato pasa necesariamente por reorientar la política económica para impulsar la generación de empleos, y fortalecer el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores mayoritarios de la población.

El movimiento no termina con el violento desalojo de anteayer en la Costera, advierten



 LES DAN... Unos 300 policías estatales y del grupo municipal antimotines de Acapulco, Guerrero, dispersaron a golpes y empujones el plantón que trabajadores de la educación realizaban en la Costera Miguel Alemán. Los descontentos demandan garantías de las autoridades para que los estudiantes vuelvan a las aulasFoto Javier Verdín



Maestros en paro anuncian nuevas marchas el miércoles en Acapulco y Chilpancingo

Sergio Ocampo y Héctor Briseño/ Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 6

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) anunció que el próximo miércoles sus integrantes efectuarán marchas en Acapulco y Chilpancingo, en demanda que el gobierno garantice seguridad a los profesores, pues advirtió que el movimiento no termina con el desalojo efectuado anteayer contra maestros que bloqueaban la avenida Costera Miguel Alemán.

Víctor Hugo Ocampo Rodríguez, de la Comisión Política de la Ceteg, condenó la represión contra los maestros que bloqueaban la vía acapulqueña. "Vuelven el autoritarismo, el diálogo falso, la simulación y el doble discurso como características palpables del gobierno del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero", dijo.

"Que mejor el gobierno garantice medidas de seguridad", pidió. Destacó que el mandatario estatal evidenció el verdadero "carácter represivo" de su administración, muy parecido al que ejerció durante su interinato de 1996 a 1999, cuando en su condición de priísta sustituyó a Rubén Figueroa.

Lamentó que el gobierno se empeñe en que los maestros regresen a clases cuando hay evidencias de que la condiciones de seguridad no están dadas, en parte debido a que el dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Emiliano Díaz Román, "negoció el movimiento con el gobierno".

Manifestó que "aunque digan lo contrario, lo cierto es que unas 280 escuelas de 35 delegaciones están cerradas; cada delegación está integrada por entre 100 y 120 trabajadores", calculó.

Ocampo Rodríguez expresó que durante el desalojo resultaron lesionados José Juan Campos Aguilar, quien sería intervenido por los golpes en abdomen y cabeza; Azucena de Jesús Peñaloza, Reinel Lagunas Evangelista, Joaquín Ahuejote García y Andrés Sánchez Sánchez.

Aseguró que la Procuraduría General de Justicia del estado abrió averiguaciones previas por la protesta de ayer en contra de Román Meynardo López, María de Jesús Domínguez, Zenón Ávila Petatlán y Felipe de la Cruz.

Por su parte, Humberto Salgado Gómez, secretario de Gobierno, confirmó que “se integró una averiguación previa, que ya está en trámite, contra todos los implicados, y dijo que fue presentada en términos de ley por parte del municipio de Acapulco. "No estoy diciendo que hay órdenes de aprehensión", aclaró.

Sin embargo, rechazó que haya habido personas golpeadas, pues "el gobierno de Ángel Aguirre Rivero no es represor, ni por asomo ni por equivocación; al gobierno estatal, si lo quieren caracterizar, tendrán que verlo como tolerante, sensible y humano", dijo.

Comentó que el de ayer "no fue un desalojo violento, simplemente fue un retiro de las personas que estaban bloqueando y que significaba un grave problema. Las autoridades actuaron en el marco de la ley y con estricto apego a derecho, y no se podía pensar de otra manera para salvaguardar el orden público que exige que la actuación se dé en este contexto".

En Acapulco, los maestros desalojados dijeron que siguen en paro. En una conferencia de prensa efectuada en la delegación de servicios educativos de la región, criticaron que los policías arremetieran contra casi 500 personas, la mayoría mujeres, que bloquearon la vía por más de cinco horas. "Los policías llegaron a golpearnos salvajemente", concluyeron.



MAESTRA CONDECORADA PRESENTARA DENUNCIA CONTRA VARGAS FOSADO
POR EL SECUESTRO DE SU SHIJO 


JAVIER PUGA MARTÍNEZ La Jornada de OrienteViernes, 14 de octubre de 2011.   

La profesora estatal Ana Cruz Kauffman presentará una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, por la violenta irrupción de decenas de agentes de la Policía Estatal en su domicilio, en el de uno de sus hermanos así como en la casa de uno de sus hijos, José Alberto Jaquim Kauffman, quien fue sacado por la fuerza, torturado y puesto en arraigo en un motel por un mes sin que oficialmente existan cargos en su contra.

Cruz Kauffman, una profesora normalista con 50 años de trayectoria magisterial, fue galardonada en mayo pasado con la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” por la Secretaría de Educación Pública y que recibió de manos del gobernador del estado, Rafael Moreno, por sus años de servicio. Es la quinta ocasión que recibe este reconocimiento.

Ahora no sólo presentará una denuncia por la privación ilegal de la libertad de la que fue objeto ella y su familia la madrugada del 21 de septiembre pasado, sino que le exigió al mandatario estatal atender este caso y le pidió no soslayar esta denuncia.

Afirmó que hasta ahora no existe una sola prueba de que ella ocultaba armas en su domicilio, como se lo reclamaron los policías que la capturaron con violencia durante varias horas, como tampoco se ha demostrado que su hijo haya participado en la comisión de algún delito.

Es más, a Jaquim Kauffman ni siquiera se le ha notificado oficialmente de qué delito se le acusa o si es parte de alguna investigación, aseguró la docente en una entrevista concedida a este diario.

La profesora teme por su integridad física y la de sus familiares por el hecho de solicitar justicia, y responsabilizó a Vargas Fosado de lo que pueda ocurrirles.

Incluso aseguró que ni siquiera ha regresado a su domicilio por temor a que pudiera ocurrirle una nueva agresión por parte de los policías, a pesar de que ya existen las denuncias 2432/2011 y 2433/2011 contra la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Exigió la libertad inmediata de su vástago, de quien aseguró ahora se le pretende involucrar en algún tipo de delito para ocultar las atrocidades que cometieron los agentes de la Policía Estatal, que se niega a reconocer que cometió un error, expuso.

También exigió la destitución de los mandos policiales que encabezaron ese “operativo”, que le causaron un daño moral y físico como al resto de su familia, y que se investigue por qué razón los detenidos por la Policía Estatal son llevados a la antigua estación de Policia –ubicada en la calle 9 Oriente y 16 Sur de esta capital– donde son golpeados y torturados, ya que sabe que el de su hijo no ha sido el único caso.

De igual forma, reclamó el pago de todos los bienes robados por los agentes, al igual que los servicios médicos para atender las lesiones físicas y psicológicas causadas, sobretodo a la menor de edad.

Señaló que además de las lesiones y torturas que padeció su hijo, la Procuraduría General de Justicia no le permite a este que tenga un defensor legal particular, como tampoco acepta las pruebas a su favor mismas que ya se presentaron.

Pero aseguró que la ilegalidad del operativo comenzó desde el ingreso a su vivienda, ubicada en la 4 Oriente 3008 de la colonia Santa Bárbara, al oriente de la capital: a las 2.30 horas del miércoles 21 de septiembre, los agentes se introdujeron en este lugar sin ninguna orden de cateo o de aprehensión.

Además, se basaron en una supuesta llamada anónima para montar una operación espectacular, además de violenta, con agentes armados y con máscaras. No sólo hubo destrozos de muebles sino que otros objetos fueron robados.

En el caso de la operación en casa de su hijo José Alberto, los agentes encañonaron a una menor de edad: Ana Sofía, hija de José Alberto y que sólo cuenta con cuatro años de edad, causándole una severa impresión de la cual no termina de recuperarse.

Subrayó que sólo está solicitando la de justicia de manera expedita a un gobierno que prometió el cambio en la sociedad poblana, pero este no debe ser un retroceso al “despotismo y la impunidad del régimen priista”.