lA JORNADA DE ORIENTE 24 DE MARZO DE 2010
Un grupo de representantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y del Nodho de Derechos Humanos se presentó ayer ante la juez segundo de lo penal en el estado, Rosa Celia Pérez González, para solicitarle que se apegue a derecho y no ceda a las posibles presiones que pudieran ejercerse desde algún círculo de poder, en perjuicio de 15 profesores y de dos defensoras de las garantías individuales.
La juez rechazó la petición de los docentes y activistas, pues les aseguró que realiza una labor ética y con apego a la ley, aunque en un principio Pérez González consideró que se le estaba coaccionando, luego de que una veintena de personas la rodeó afuera de las instalaciones del Poder Judicial, al final aceptó entrevistarse este día con los abogados de los mentores y de las otras dos mujeres para abordar el caso.
El representante del Nodho, Eduardo Almeida, recordó que ese grupo de hombres y mujeres fue detenido violentamente el pasado 10 de junio de 2009 por agentes policiales vestidos de civil, luego de la agresión que padeció una manifestación pacífica de profesores que se pronunciaron en contra de la Alianza para la Calidad Educativa por las calles de la capital del estado.
Aunque el grupo fue liberado días después, el pasado 5 de marzo la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a través del agente del Ministerio Público Javier Carrión Jiménez, consignó ante la juez Rosa Celia Pérez la averiguación previa número 400/2009/–DMS–3/DMS–II por el supuesto delito de daño en propiedad ajena.
La averiguación es en contra de los 15 profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pertenecientes a las secciones 23 y 53, solicitando sean capturados junto con Tamara San Miguel Suárez e Itzel Sánchez Martínez, ambas integrantes del Nodho de Derechos Humanos; sin embargo, el agente del Ministerio Público empleó los mismos argumentos que utilizó para presentar ante la justicia local a ese grupo tras la agresión del 10 de junio, a pesar de que los hombres y mujeres fueron puestos en libertad y no se les encontró delito qué perseguir, lo que constituye una irregularidad, indicó Almeida.
Las acción que realizaron diferentes asociaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras, fue la de llamar por teléfono a la juez Pérez González, al procurador de Justicia de Puebla, Igor Archundia, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, León Dumit, para exigir que se desistan de acciones represivas en contra las integrantes del Nodho de Derechos Humanos y de maestros del Consejo Democrático Magisterial Poblano.
La juez rechazó la petición de los docentes y activistas, pues les aseguró que realiza una labor ética y con apego a la ley, aunque en un principio Pérez González consideró que se le estaba coaccionando, luego de que una veintena de personas la rodeó afuera de las instalaciones del Poder Judicial, al final aceptó entrevistarse este día con los abogados de los mentores y de las otras dos mujeres para abordar el caso.
El representante del Nodho, Eduardo Almeida, recordó que ese grupo de hombres y mujeres fue detenido violentamente el pasado 10 de junio de 2009 por agentes policiales vestidos de civil, luego de la agresión que padeció una manifestación pacífica de profesores que se pronunciaron en contra de la Alianza para la Calidad Educativa por las calles de la capital del estado.
Aunque el grupo fue liberado días después, el pasado 5 de marzo la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a través del agente del Ministerio Público Javier Carrión Jiménez, consignó ante la juez Rosa Celia Pérez la averiguación previa número 400/2009/–DMS–3/DMS–II por el supuesto delito de daño en propiedad ajena.
La averiguación es en contra de los 15 profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pertenecientes a las secciones 23 y 53, solicitando sean capturados junto con Tamara San Miguel Suárez e Itzel Sánchez Martínez, ambas integrantes del Nodho de Derechos Humanos; sin embargo, el agente del Ministerio Público empleó los mismos argumentos que utilizó para presentar ante la justicia local a ese grupo tras la agresión del 10 de junio, a pesar de que los hombres y mujeres fueron puestos en libertad y no se les encontró delito qué perseguir, lo que constituye una irregularidad, indicó Almeida.
Las acción que realizaron diferentes asociaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras, fue la de llamar por teléfono a la juez Pérez González, al procurador de Justicia de Puebla, Igor Archundia, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, León Dumit, para exigir que se desistan de acciones represivas en contra las integrantes del Nodho de Derechos Humanos y de maestros del Consejo Democrático Magisterial Poblano.
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