MAESTRA CONDECORADA PRESENTARA DENUNCIA CONTRA VARGAS FOSADO
POR EL SECUESTRO DE SU SHIJO
JAVIER PUGA MARTÍNEZ La Jornada de OrienteViernes, 14 de octubre de 2011.
La profesora estatal Ana Cruz Kauffman presentará una denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, por la violenta irrupción de decenas de agentes de la Policía Estatal en su domicilio, en el de uno de sus hermanos así como en la casa de uno de sus hijos, José Alberto Jaquim Kauffman, quien fue sacado por la fuerza, torturado y puesto en arraigo en un motel por un mes sin que oficialmente existan cargos en su contra.
Cruz Kauffman, una profesora normalista con 50 años de trayectoria magisterial, fue galardonada en mayo pasado con la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” por la Secretaría de Educación Pública y que recibió de manos del gobernador del estado, Rafael Moreno, por sus años de servicio. Es la quinta ocasión que recibe este reconocimiento.
Ahora no sólo presentará una denuncia por la privación ilegal de la libertad de la que fue objeto ella y su familia la madrugada del 21 de septiembre pasado, sino que le exigió al mandatario estatal atender este caso y le pidió no soslayar esta denuncia.
Afirmó que hasta ahora no existe una sola prueba de que ella ocultaba armas en su domicilio, como se lo reclamaron los policías que la capturaron con violencia durante varias horas, como tampoco se ha demostrado que su hijo haya participado en la comisión de algún delito.
Es más, a Jaquim Kauffman ni siquiera se le ha notificado oficialmente de qué delito se le acusa o si es parte de alguna investigación, aseguró la docente en una entrevista concedida a este diario.
La profesora teme por su integridad física y la de sus familiares por el hecho de solicitar justicia, y responsabilizó a Vargas Fosado de lo que pueda ocurrirles.
Incluso aseguró que ni siquiera ha regresado a su domicilio por temor a que pudiera ocurrirle una nueva agresión por parte de los policías, a pesar de que ya existen las denuncias 2432/2011 y 2433/2011 contra la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Exigió la libertad inmediata de su vástago, de quien aseguró ahora se le pretende involucrar en algún tipo de delito para ocultar las atrocidades que cometieron los agentes de la Policía Estatal, que se niega a reconocer que cometió un error, expuso.
También exigió la destitución de los mandos policiales que encabezaron ese “operativo”, que le causaron un daño moral y físico como al resto de su familia, y que se investigue por qué razón los detenidos por la Policía Estatal son llevados a la antigua estación de Policia –ubicada en la calle 9 Oriente y 16 Sur de esta capital– donde son golpeados y torturados, ya que sabe que el de su hijo no ha sido el único caso.
De igual forma, reclamó el pago de todos los bienes robados por los agentes, al igual que los servicios médicos para atender las lesiones físicas y psicológicas causadas, sobretodo a la menor de edad.
Señaló que además de las lesiones y torturas que padeció su hijo, la Procuraduría General de Justicia no le permite a este que tenga un defensor legal particular, como tampoco acepta las pruebas a su favor mismas que ya se presentaron.
Pero aseguró que la ilegalidad del operativo comenzó desde el ingreso a su vivienda, ubicada en la 4 Oriente 3008 de la colonia Santa Bárbara, al oriente de la capital: a las 2.30 horas del miércoles 21 de septiembre, los agentes se introdujeron en este lugar sin ninguna orden de cateo o de aprehensión.
Además, se basaron en una supuesta llamada anónima para montar una operación espectacular, además de violenta, con agentes armados y con máscaras. No sólo hubo destrozos de muebles sino que otros objetos fueron robados.
En el caso de la operación en casa de su hijo José Alberto, los agentes encañonaron a una menor de edad: Ana Sofía, hija de José Alberto y que sólo cuenta con cuatro años de edad, causándole una severa impresión de la cual no termina de recuperarse.
Subrayó que sólo está solicitando la de justicia de manera expedita a un gobierno que prometió el cambio en la sociedad poblana, pero este no debe ser un retroceso al “despotismo y la impunidad del régimen priista”.
Cruz Kauffman, una profesora normalista con 50 años de trayectoria magisterial, fue galardonada en mayo pasado con la medalla “Ignacio Manuel Altamirano” por la Secretaría de Educación Pública y que recibió de manos del gobernador del estado, Rafael Moreno, por sus años de servicio. Es la quinta ocasión que recibe este reconocimiento.
Ahora no sólo presentará una denuncia por la privación ilegal de la libertad de la que fue objeto ella y su familia la madrugada del 21 de septiembre pasado, sino que le exigió al mandatario estatal atender este caso y le pidió no soslayar esta denuncia.
Afirmó que hasta ahora no existe una sola prueba de que ella ocultaba armas en su domicilio, como se lo reclamaron los policías que la capturaron con violencia durante varias horas, como tampoco se ha demostrado que su hijo haya participado en la comisión de algún delito.
Es más, a Jaquim Kauffman ni siquiera se le ha notificado oficialmente de qué delito se le acusa o si es parte de alguna investigación, aseguró la docente en una entrevista concedida a este diario.
La profesora teme por su integridad física y la de sus familiares por el hecho de solicitar justicia, y responsabilizó a Vargas Fosado de lo que pueda ocurrirles.
Incluso aseguró que ni siquiera ha regresado a su domicilio por temor a que pudiera ocurrirle una nueva agresión por parte de los policías, a pesar de que ya existen las denuncias 2432/2011 y 2433/2011 contra la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Exigió la libertad inmediata de su vástago, de quien aseguró ahora se le pretende involucrar en algún tipo de delito para ocultar las atrocidades que cometieron los agentes de la Policía Estatal, que se niega a reconocer que cometió un error, expuso.
También exigió la destitución de los mandos policiales que encabezaron ese “operativo”, que le causaron un daño moral y físico como al resto de su familia, y que se investigue por qué razón los detenidos por la Policía Estatal son llevados a la antigua estación de Policia –ubicada en la calle 9 Oriente y 16 Sur de esta capital– donde son golpeados y torturados, ya que sabe que el de su hijo no ha sido el único caso.
De igual forma, reclamó el pago de todos los bienes robados por los agentes, al igual que los servicios médicos para atender las lesiones físicas y psicológicas causadas, sobretodo a la menor de edad.
Señaló que además de las lesiones y torturas que padeció su hijo, la Procuraduría General de Justicia no le permite a este que tenga un defensor legal particular, como tampoco acepta las pruebas a su favor mismas que ya se presentaron.
Pero aseguró que la ilegalidad del operativo comenzó desde el ingreso a su vivienda, ubicada en la 4 Oriente 3008 de la colonia Santa Bárbara, al oriente de la capital: a las 2.30 horas del miércoles 21 de septiembre, los agentes se introdujeron en este lugar sin ninguna orden de cateo o de aprehensión.
Además, se basaron en una supuesta llamada anónima para montar una operación espectacular, además de violenta, con agentes armados y con máscaras. No sólo hubo destrozos de muebles sino que otros objetos fueron robados.
En el caso de la operación en casa de su hijo José Alberto, los agentes encañonaron a una menor de edad: Ana Sofía, hija de José Alberto y que sólo cuenta con cuatro años de edad, causándole una severa impresión de la cual no termina de recuperarse.
Subrayó que sólo está solicitando la de justicia de manera expedita a un gobierno que prometió el cambio en la sociedad poblana, pero este no debe ser un retroceso al “despotismo y la impunidad del régimen priista”.
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