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| El Dr Manuel Fuentes Muñiz,de la ANAD y el Prof Antonio Castro Lopez Secretario General del CEND SNTE |
LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y LA CORTE
La decisión de los ministros de la Corte por sus alcances negativos en contra de los maestros será impugnada ante instancias internacionales.
Dr. Manuel Fuentes Muñiz
A pocos ha sorprendido el vergonzoso papel que está jugando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para avalar la anulación de los derechos laborales de los docentes en nuestro país con el pretexto de la mal llamada reforma educativa.
Sin pudor alguno esa Corte de la vergüenza, valida que los trabajadores del magisterio nacional carezcan de los derechos más elementales. En otras palabras, los considera mexicanos fuera del marco constitucional en protección a sus derechos porque su actividad es la de educar y por ello, según esos ministros, deben ser borrados de la legislación laboral. Ni los peores delincuentes se encuentran en ese estatus.
Para los ministros de la SCJN, los docentes son objetos sin derechos. No existe bilateralidad en sus relaciones laborales sino imposición unilateral del patrón gobierno. No tienen derecho a ser representados colectivamente sino a enfrentar todo el aparato estatal en soledad.
No hay limitación en las causales de despido en su contra, ya que todas ellas estarán bajo el criterio unilateral del patrón-gobierno que las podrá aplicar e interpretar a placer, por lo que su estabilidad en el empleo desaparece a pesar de sus nombramientos de base.
Según la Corte no tienen derecho los maestros a la defensa en audiencia abierta para conocer las acusaciones en su contra. A las pruebas en su perjuicio se impide las conozcan de manera directa para objetarlas.
Es válido según los ministros que el patrón sea juez y parte para aplicar sanciones y no hay autoridad imparcial que intervenga antes de la pérdida de los derechos de los maestros como antes ocurría.
El despido será inmediato sin juicio previo, cuando así lo decida el patrón.
Son decisiones de la Corte que borran la esencia del derecho laboral en un acto sin precedentes en la historia de nuestro país.
Para realizar un estudio completo habrá que esperar que la Corte publique las ejecutorias para conocer sus alcances jurídicos de esos 26 amparos seleccionados que tendrán impacto para todos los docentes en el país, hayan presentado o no amparos antes, o les haya desechado sus recursos en alguna etapa anterior del proceso.
Los abogados que participamos en su elaboración de los amparos tuvimos que esperar año y medio para la Corte resolviera, pero nunca se esperó que esos ministros que se supone imparciales y supuestos garantes de los derechos humanos guardaran tanto rencor contra el magisterio de nuestro país.
Esa decisión de los ministros de la Corte por sus alcances negativos en contra de los maestros será impugnada ante instancias internacionales, pero se espera, como ya sucede, que cientos de miles de maestros en todo el país se organicen y con movilizaciones inteligentes logren recuperar sus derechos.
El magisterio nacional, más allá de sus siglas deberá impulsar la unidad de las acciones de todos los sectores. Deberá revisar la constitución de un Frente en Defensa de la Educación en el que estén involucrados todos los sectores de la sociedad de manera plural, padres de familia, incluidos los propios maestros de todos los grupos o corrientes. Deberá entenderse que la defensa de la educación no solo es tarea de los docentes.
Evitar acciones que afecten a la sociedad (por no ser parte del pleito) para evitar que medios de comunicación afines al gobierno denosten al magisterio nacional y se facilite su ataque.
Usar movilizaciones que propicien la concientización y organización de la sociedad no el hastío social. Visitar puerta por puerta, calle por calle, cada sector para que la sociedad conozca la propuesta magisterial de mejora de la educación y evaluación contra la que propone el gobierno. Sustituir esas estrategias anticuadas que usan algunos que enfrentan, en vez de sumar aliados.
Impulsar una campaña para evitar que los maestros se sigan jubilando de manera anticipada. Es inadmisible que 300 docentes se jubilen día a día en lugar de enfrentar la defensa de la educación. La jubilación no se pierde con los procesos de evaluación educativa por ser un derecho irrenunciable ligado a la generación de antigüedad y no al capricho de un funcionario.
Debe entenderse que la Suprema Corte de Justicia no tiene capacidad legal ni histórica para validar la desaparición de los derechos humanos de las y los maestros, y que estás acciones propias de una dictadura serán revertidas con una organización social amplia que logre un cambio del mando político. Estamos seguros que así ocurrirá.
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