Evaluar la Reforma Educativa

La escuela en resistencia de San Juan Guelavía, Oaxaca

Gilberto López y Rivas

 PUBLICADO EN lA ORNADA .9 DE MARZO DE 2018

Uno de los resultados más graves de la "reforma educativa" está siendo el incremento de la división de las comunidades indígenas y la transgresión de sus autonomías. En Oaxaca, esta reforma constitucional ha originado que ante la imposición punitiva de escuelas que se alinean a los designios gubernamentales, surjan otras que en precarias condiciones y en permanente lucha intentan poner en práctica una educación alternativa. Es el caso de los profesores de la escuela Gregorio Torres Quintero, de San Juan Guelavía, municipio situado en Valles Centrales, a unos 30 minutos de la ciudad capital, que en septiembre de 2016 deciden, con el apoyo de un grupo de padres de familia, reagruparse en torno de un proyecto de escuela en resistencia, ejerciendo la docencia en una casa particular en construcción, facilitada por un ciudadano de la comunidad. Considerando que la escuela es un espacio donde confluyen conocimientos y voluntad de saber, este proyecto tiene como objetivo central vincular la educación a la cultura comunitaria, abrevar de los saberes identitarios para democratizar el contenido curricular, relacionar la práctica escolar con su entorno mediante proyectos productivos, como la siembra de hortalizas, cría de aves de corral, pero, sobre todo, incluir creativamente las propuestas de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, y, con esto, comunalizar la escuela oficial.

Después de la fallida alternancia de Gabino Cué en la gubernatura del estado, el PRI regresa al poder estatal, envalentonado. Alejandro Murat, el Cachorro en el vocablo popular, coloca en su administración a Sofía Castro como secretaria de Asuntos Indígenas del Estado. Castro ha sido dos veces diputada, una federal y otra local, delegada de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), presidenta municipal de su natal San Carlos Yautepec, donde ejerce un férreo cacicazgo. En el clásico saltimbanqui de la clase política, el 1º de julio renunció a la Secretaría de Asuntos Indígenas para postularse como senadora por el PRI, para las próximas elecciones de este año.

Por su parte, en 2014 es nombrado por usos y costumbres como presidente municipal de San Juan Guelavía, Virgilio Martínez Vásquez, quien establece compromisos políticos con el priísmo, traicionando la relativa autonomía municipal, ya que el pueblo se rige por asamblea comunitaria, no por partidos. En su periodo no se hicieron obras, excepto un galerón en el patio central de la comunidad, con apoyo del senador Samuel Gurrión Matías, también priísta, quien, casualmente, tiene su propia constructora. En septiembre de 2016, con las conocidas violaciones a los derechos que ejerce el Institucional, la autoridad municipal y un grupo de padres de familia, asesorados por Sofía Castro, acuerdan cambiar la planta docente de maestros de la escuela Gregorio Torres Quintero, que era personal adscrito a la sección 22 magisterial, sustituyéndolos por personal "idóneo", con el argumento de la "reforma educativa" y el "nuevo IEEPO" que la sección 22 ha descartado como opción para los pueblos, proponiendo, en su lugar, el proyecto PTEO (Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca), la defensa de la educación pública y el artículo tercero constitucional, mientras la sección 59, y ahora el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, actúan como esquiroles del estado priísta. En asambleas de cabildo, en febrero de 2017, se ratifica el desconocimiento de la escuela en resistencia, por lo que actualmente no cuenta con apoyo económico del ayuntamiento, ni de ninguna otra fuente que la precaria ayuda comunitaria. Pero esta autoridad ejerce, además, una violencia simbólica especialmente sentida, al dejar de reconocer a los opositores como parte del "sistema de cargos", una forma de castigo "cultural" por disentir. Con estas prácticas, el estado, por conducto del PRI, se apropia del sistema de "usos y costumbres" con fines electoreros, crea divisionismo dentro de la comunidad y deteriora la autonomía comunitaria.

El pasado febrero, ante la inminencia de que escuelas de otros niveles educativos de la comunidad, desde prescolar hasta CEBTA (Centro de Estudio de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario), sean también suplantadas con personal de la sección 59, afín al gobierno, esta escuela en resistencia se reafirma como un bastión de lucha que inhibe la división de las demás escuelas y, por ende, de la propia comunidad. Esta estrategia de duplicidad de escuelas, utilizada en todo el ámbito estatal, contribuye a preparar el fraude de Estado de las elecciones de julio, que incluye la represión generalizada, para que el PRI no pierda el poder. En esa dirección, el nuevo presidente municipal de San Juan Guelavía, que juramentó su cargo en 2017, también de filiación priísta, continúa manipulando y "dando línea". A pesar de ser una persona que afirma conocer "usos y costumbres", pues se desempeña como chigol (representante en eventos sociales), no fue capaz de unificar a su pueblo, sino que hizo más profunda la división, al desconocer de nueva cuenta al comité de maestros y padres de familia de la escuela Gregorio Torres Quintero. Reiteradamente niega su participación en eventos conmemorativos y fiestas patronales, lo cual contradice su autonombramiento de "padre de la comunidad". Es palpable la desorientación del actual cabildo, que no cuenta con un plan de desarrollo sólido y sustentable, ni se hace cargo de gestionar y/o resolver las necesidades básicas de la comunidad, el abastecimiento de agua potable para uso doméstico y agroalimentario, o la carencia de fuentes de trabajo de una comunidad, donde la mitad de sus habitantes ha emigrado.

Claro, esta división comunitaria es necesario analizarla en toda su complejidad y particularmente en el contexto de un país recolonizado: Felipe Calderón entregó en concesión 80 por ciento del territorio de esta región de Valles Centrales a Geo Metales del Norte para la explotación minera, sin la debida consulta comunitaria, previa, libre e informada. La meta del estado es dividir a la comunidad para dar paso a la extracción minera, a las empresas de fraccionadores que asedian al pueblo, contaminando todo el entorno ecológico, propiciar la venta de tierras e incrementar la incidencia de la inseguridad, que ha adquirido índices alarmantes.

¡Todo el apoyo a las dignas escuelas en resistencia!