Consejo Democrático Magisterial Poblano

¿Estado laico o ignorancia de la guerra cristera?

La Jornada de Oriente.Julio 2, 2019
Silvino Vergara Nava

“Vivir en un estado de crisis constante    no es agradable, y nos prepara

psicológicamente para la posibilidad de que pueda suceder lo peor.

   Debemos aprender a vivir con la crisis”.

   Zygmunt Bauman

En las noticias de la última semana del mes de junio de 2019, se ha informado que el gobierno federal, en particular la nueva administración pública, se encargará de repartir una especie de código o constitución moral a la población; que acudirá, incluso, casa por casa para su entrega con la finalidad de retomar los valores que se han perdido en México, y que –a decir de las políticas públicas actuales– es una de las causas del estado de gravedad en que nos encontramos, en particular, respecto a la inseguridad pública y la falta de solidaridad con nuestros semejantes que se han propagado por todo el territorio nacional. Sin embargo, a través de los medios de comunicación, se sostuvo que, para ese plan, el gobierno federal se apoyará de las organizaciones religiosas, en particular, de los evangélicos.

Toda esa serie de buenos propósitos de moralizar a la población y hacer solidarios a unos con otros se escuchaba bien, bien intencionada; buenos propósitos hasta que se sostuvo que intervendrán organizaciones religiosas para ejecutar ese plan. Intervención que pone en alerta máxima la posible vulneración a la Constitución, en particular del artículo 40º, pues, si en realidad estas organizaciones participarán tanto en la elaboración de ese catálogo moral como, incluso, en su repartición a los habitantes de la nación, casa por casa, representaría una violación al dicho artículo que, textualmente, dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”.

Así, cuando la Constitución dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república laica, quiere dar a entender que ninguna religión, ningún grupo religioso (ni siquiera, como en el caso, los evangélicos) pueden entrometerse en cuestiones de políticas públicas. No obstante, en este caso, parece que se está haciendo todo lo contrario, es decir, se está “invitando” a que cualquier organización religiosa participe en esta misión y, concretamente, esa organización evangélica ha tomado la batuta al, incluso, estar presente en una ceremonia con el titular de la administración pública federal. Por tanto, más que una simple invitación a moralizar a la población, en realidad se trata de una invitación para que se vulnere el Estado laico y, con ello, la Constitución; la cual –no sobra decirlo– no debe ser violada por ninguna autoridad, aun cuando cuente con la mayoría de la población o de los electores a favor, pues las propias mayorías están limitadas en su accionar: a lo que se le ha denominado, en la teoría, y, sobre todo, vivido en el fascismo, por el profesor Luigi Ferrajoli, como “la esfera de lo indecidible” (Ferrajoli, Luigi, Ruiz Manero, Juan, Dos modelos de constitucionalismo. Una conversación, Madrid: Editorial Trotta, 2012). Lo cual significa que los derechos y las bases constitucionales, pese a que sea la mayoría la que pretenda modificarlos, no pueden ni modificarse ni restringirse ni, menos aún, limitarse. Por ende, a pesar de que moralizar a la población sea con buenas intenciones, no puede llevarse a cabo con la participación directa de las organizaciones religiosas. Así lo determina, incluso, el derecho a la educación, cuando la Constitución sostiene, en su artículo 3º, que: “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”. Por ende, moralizar o educar a la población con el auxilio de las instituciones religiosas es una grave vulneración a los derechos fundamentales. De seguir ese proyecto, son inminentes los juicios de amparo, que serán el único conducto que dejará oír a la población.

Quizá el problema que se suscita en nuestro gobierno actual es que también es producto de la pésima enseñanza de la historia de México y, a pesar de que Benito Juárez sea un icono de la nueva administración pública, se pierden de vista todas sus batallas y, sobre todo, la guerra de reforma en el siglo XIX (1858–1861) o se ignora, desde luego –por la falta de enseñanza en este país– la guerra cristera (1926–1929), tan olvidada y perdida en la historia nacional por el partido oficial durante 80 años de su gobierno. Basta con detenerse para preguntarnos: ¿cuál fue la causa del conflicto?, ¿qué provoco el conflicto cristero?, ¿quiénes son los personajes de esa guerra cristera?, ¿cómo finalizó?, ¿cuántas muertes causó? En fin, preguntas que no podemos respondernos por tener esa parte de la historia censurada. Ignorancia que hoy provoca que resurja un problema de contravención al principio de laicidad por parte del gobierno federal, con la participación de organizaciones religiosas en la moralización de la población. Queda pendiente preguntarse: ¿quién elaboró el documento moralizador para repartir en la población?, ¿con qué contenido cuenta ese documento?, ¿las organizaciones religiosas que participan en ese proyecto: moralizarán o, bien, evangelizarán bajo sus propias conveniencias?