Publicado en Otras Voces en Educación / marzo 28 de 2020/
Por: Manuel Gil Antón
A pesar de la pandemia, e incluso en medio de ella, hay otras noticias importantes. No solo se lucha contra ese virus invisible a nuestros ojos, sino contra la muy visible corrupción y opacidad en el SNTE. Leamos, apoyemos, no les dejemos a solas y lejos de nuestra preocupación.
La sede de la Sección 42, estatal, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, en Chihuahua, ha estado “tomada” desde el 7 de febrero, mediante un plantón que sostienen en sus accesos maestras y maestros pensionados que, luego de muchos trámites, vueltas y vueltas, decidieron realizar esta medida de presión pues están siendo atracados por los dirigentes sindicales.
Las y los pensionados de la Sección 42 han decidido poner un “hasta aquí” a las tropelías de “sus representantes”. Y cala ver a docentes ya jubilados tener que realizar estas medidas extremas: si maltratar a los trabajadores en activo, por parte del Sindicato, es un oprobio, ¿cómo llamar cuando se estafa a quienes dieron sus mejores años de vida a la educación en el Estado de Chihuahua? No se encuentra fácil un calificativo: truhanes.
El dirigente Ever Avitia, y sus colaboradores, con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional y al menos con la cómplice omisión del gobierno del estado –cuyo titular es Javier Corral-, su secretaría de educación y su institución estatal de seguridad social, están robando, sí, quitándoles el dinero a sus compañeros jubilados, pero no sólo a ellos: también a los trabajadores en activo.
Vayamos por partes.
I
La Comisión Sindica Genuina (CSG), entidad que han organizado quienes están en condición de pensionados y exigen sus derechos, en entrevista, expresó a este reportero que uno de los aspectos de su lucha es para evitar que, a pesar de lo que señala la normatividad aplicable, se les siga descontando la cuota sindical.
Tanto los estatutos como el código correspondiente, señalan que los trabajadores en activo aportarán cuota al sindicato, pero NO los pensionados. Y sin atender ni a los reglamentos, ni a los esfuerzos emprendidos por la vía de transparencia y mecanismos jurídicos que les han dado la razón, les siguen descontando, de manera ilegal y antirreglamentaria, la cuota sindical. No son pocas personas las perjudicadas: se trata de 11 mil 300 pensionados.
La profesora Beatriz Verduzco, me dice, con serenidad no exenta de legítimo coraje, que (sólo como aproximación) calcula que, de enero de 2015 a enero 2020, se les ha cobrado, por ese concepto, casi 106 millones de pesos. Es muchísimo dinero, sí, pero, aunque fuese 1 peso ya se estarían incumpliendo las normas.
Esta es la primera demanda, y es muy simple y justa: que, de acuerdo a lo que se indica en los estatutos, no se les descuente de sus pagos la cuota sindical, y que se devuelva el dinero retenido de manera ilegal durante los años en que se ha llevado a cabo de manera incorrecta.
II
Además, tanto los pensionados como los trabajadores en activo, están viviendo otra situación irregular: a partir de 2014, se decidió que habrá una Negociación Sindical Única, y ya no – como ocurría en el pasado con las secciones estatales – la negociación del contrato, sueldos y prestaciones a nivel nacional, y otra en cada entidad. Se terminó, pues, la doble negociación.
En consonancia con esta determinación, se acordó que habría un Convenio de Aplicación Automática, de tal manera que en todo el país, se homologaran las prestaciones derivadas del acuerdo nacional.
Esta clarísimo, pero este acuerdo no se cumple en la Sección 42 – ¿en cuántas más?- y en el mismo periodo que se señaló antes, el adeudo, tanto a los pensionados que tienen jubilación dinámica (obtienen incrementos y prestaciones de igual manera que sus compañeras y compañeros en activo) como a los trabajadores, se les han esquilmado 645 millones de pesos.
Y si se hace otro cálculo, sobre lo que retiene Hacienda del Estado a los trabajadores para el pago de diversos fondos y acciones promovidos por los líderes de la Sección 42 y se lo entrega a estos mismos, del mes de julio de 2016 a septiembre 2019 se acumulan más de mil millones de pesos. Esta cantidad solo corresponde a las entregas directas: en cuanto a los rendimientos derivados del Fondo de Ahorro, desde 2005 (cuando se funda) a pesar de estar reglamentado, los que participan en esta modalidad no han recibido informe alguno por parte del Comité Técnico. Es, sin retórica alguna, una barbaridad.
¿Cómo se puede permitir esto? Ya vimos que en la aplicación autoritaria de la Reforma de Peña Nieto, los trabajadores de la educación perdían todos sus derechos adquiridos si aceptaban ser evaluados, y si no eran evaluados, perdían el trabajo. ¿Qué hizo el SNTE ante semejante atropello? Nada. Juan Díaz colaboró con las autoridades a pesar de esta aplicación retroactiva de la ley. Las autoridades argumentaron que eso era correcto pues el “interés superior del niño” era un derecho mayor al derecho laboral: esto es totalmente incorrecto – los derechos humanos no tienen jerarquía, y tienen que armonizarse – pese a que incluso la Corte avaló este proceder.
Ahora que esa reforma ya no está en vigor, sino una nueva en que se indica que el magisterio es “un agente de transformación social”, ¿no es el momento de enmendar el desfalco que viven los pensionados en Chihuahua, afiliados a la Sección 42, y el conjunto de trabajadores y pensionados de esta sección por la falta de aplicación del Convenio firmado (debió serlo) entre los gobernadores y el SNTE, representado por el Secretario General Nacional y los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales?
No sólo es el momento de corregir esta situación que perjudica a esos agentes de transformación, y a los que lo fueron durante años, sino es la ocasión para que el compromiso de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, y la SEP, pongan orden en lo que, a todas luces, podemos llamar La Gran Estafa.
Urge: no es correcto que las y los pensionados tengan que tomar las instalaciones de la casa sindical para conseguir justicia, o al menos que algún subordinado de Avitia converse con ellos para tramitar sus reclamos. Y menos que, al amparo de esos puestos sindicales, se oculten probables delitos de enriquecimiento inexplicable. Ya basta pues, con paciencia, los trámites establecidos, innumerables, no fueron atendidos. La toma de la sede de la Sección 42 es pacífica, pero enérgica y decidida.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-gran-estafa-de-como-el-snte-roba-a-sus-jubilados/
I
La Comisión Sindica Genuina (CSG), entidad que han organizado quienes están en condición de pensionados y exigen sus derechos, en entrevista, expresó a este reportero que uno de los aspectos de su lucha es para evitar que, a pesar de lo que señala la normatividad aplicable, se les siga descontando la cuota sindical.
Tanto los estatutos como el código correspondiente, señalan que los trabajadores en activo aportarán cuota al sindicato, pero NO los pensionados. Y sin atender ni a los reglamentos, ni a los esfuerzos emprendidos por la vía de transparencia y mecanismos jurídicos que les han dado la razón, les siguen descontando, de manera ilegal y antirreglamentaria, la cuota sindical. No son pocas personas las perjudicadas: se trata de 11 mil 300 pensionados.
La profesora Beatriz Verduzco, me dice, con serenidad no exenta de legítimo coraje, que (sólo como aproximación) calcula que, de enero de 2015 a enero 2020, se les ha cobrado, por ese concepto, casi 106 millones de pesos. Es muchísimo dinero, sí, pero, aunque fuese 1 peso ya se estarían incumpliendo las normas.
Esta es la primera demanda, y es muy simple y justa: que, de acuerdo a lo que se indica en los estatutos, no se les descuente de sus pagos la cuota sindical, y que se devuelva el dinero retenido de manera ilegal durante los años en que se ha llevado a cabo de manera incorrecta.
II
Además, tanto los pensionados como los trabajadores en activo, están viviendo otra situación irregular: a partir de 2014, se decidió que habrá una Negociación Sindical Única, y ya no – como ocurría en el pasado con las secciones estatales – la negociación del contrato, sueldos y prestaciones a nivel nacional, y otra en cada entidad. Se terminó, pues, la doble negociación.
En consonancia con esta determinación, se acordó que habría un Convenio de Aplicación Automática, de tal manera que en todo el país, se homologaran las prestaciones derivadas del acuerdo nacional.
Esta clarísimo, pero este acuerdo no se cumple en la Sección 42 – ¿en cuántas más?- y en el mismo periodo que se señaló antes, el adeudo, tanto a los pensionados que tienen jubilación dinámica (obtienen incrementos y prestaciones de igual manera que sus compañeras y compañeros en activo) como a los trabajadores, se les han esquilmado 645 millones de pesos.
Y si se hace otro cálculo, sobre lo que retiene Hacienda del Estado a los trabajadores para el pago de diversos fondos y acciones promovidos por los líderes de la Sección 42 y se lo entrega a estos mismos, del mes de julio de 2016 a septiembre 2019 se acumulan más de mil millones de pesos. Esta cantidad solo corresponde a las entregas directas: en cuanto a los rendimientos derivados del Fondo de Ahorro, desde 2005 (cuando se funda) a pesar de estar reglamentado, los que participan en esta modalidad no han recibido informe alguno por parte del Comité Técnico. Es, sin retórica alguna, una barbaridad.
¿Cómo se puede permitir esto? Ya vimos que en la aplicación autoritaria de la Reforma de Peña Nieto, los trabajadores de la educación perdían todos sus derechos adquiridos si aceptaban ser evaluados, y si no eran evaluados, perdían el trabajo. ¿Qué hizo el SNTE ante semejante atropello? Nada. Juan Díaz colaboró con las autoridades a pesar de esta aplicación retroactiva de la ley. Las autoridades argumentaron que eso era correcto pues el “interés superior del niño” era un derecho mayor al derecho laboral: esto es totalmente incorrecto – los derechos humanos no tienen jerarquía, y tienen que armonizarse – pese a que incluso la Corte avaló este proceder.
Ahora que esa reforma ya no está en vigor, sino una nueva en que se indica que el magisterio es “un agente de transformación social”, ¿no es el momento de enmendar el desfalco que viven los pensionados en Chihuahua, afiliados a la Sección 42, y el conjunto de trabajadores y pensionados de esta sección por la falta de aplicación del Convenio firmado (debió serlo) entre los gobernadores y el SNTE, representado por el Secretario General Nacional y los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales?
No sólo es el momento de corregir esta situación que perjudica a esos agentes de transformación, y a los que lo fueron durante años, sino es la ocasión para que el compromiso de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, y la SEP, pongan orden en lo que, a todas luces, podemos llamar La Gran Estafa.
Urge: no es correcto que las y los pensionados tengan que tomar las instalaciones de la casa sindical para conseguir justicia, o al menos que algún subordinado de Avitia converse con ellos para tramitar sus reclamos. Y menos que, al amparo de esos puestos sindicales, se oculten probables delitos de enriquecimiento inexplicable. Ya basta pues, con paciencia, los trámites establecidos, innumerables, no fueron atendidos. La toma de la sede de la Sección 42 es pacífica, pero enérgica y decidida.
Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-gran-estafa-de-como-el-snte-roba-a-sus-jubilados/
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