Un nuevo ciclo escolar
Gustavo Santin.
La Jornada de Oriente 23 de ag0sto de 2010
Cartas a Gracia
Te saludo, Gracia, ahora que tengo la oportunidad, espero que tengas oportunidad de leerla. Cierto es que en materia educativa las cosas han cambiado en estos últimos 15 días. La Universidad Nacional Autónoma de México dio inicio al ciclo escolar 2010–2011 con casi dos semanas de anticipación al calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) –rubricado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)– y la Universidad Autónoma con la que tu colaboras, inicio actividades hace poco más de una semana. Esta disparidad es posible por que lo dispuesto por la Ley General de Educación (LGE) en la materia, obliga sólo a las instituciones de educación básica y normal (artículo 51, sección 3) y deja a criterio de los responsables de las instituciones de educación media superior y superior el establecimiento del calendario escolar que les habrá de regir en cada ciclo.
Sin duda existen algunos rubros, Gracia, que en el transcurso del ciclo escolar que inicia el lunes 26 de agosto del 2010 estarán bajo la lupa de los actores del quehacer educativo nacional derivados de puntos de vista diferenciados sostenidos por quienes se encuentran enfrentados por sostener posiciones disímiles de acuerdos a los intereses que defienden, entre ellos, a más de otros que te relatare en el transcurso de la misiva con la intención de comentarlos más adelante, el relacionado con el tema de los comisionados sindicales: Condenados por la sociedad civil por cobrar y realizar actividades diferentes a las pactadas en sus órdenes de trabajo, evidenciados –los comisionados de origen federal– por el portal de transparencia publicado en Internet por las autoridades educativas federales bajo mandato de lo establecido en el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 aprobado por la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, perseguidos por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) de la Auditoría Superior de la Federación quien sostiene que el artículo 53 del Reglamento de la Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública publicado el 29 de enero de 1946 establece la obligación para que las autoridades educativas otorguen permiso sin goce de salario a quienes se profesionalicen para realizar tareas propias de la organización obligación suscrita entre la dirigencia del SNTE, ejecutivos de las entidades bajo testimonio de Carlos Salinas de Gortari, titular a la sazón del ejecutivo federal, mediante la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ENMEB) y Normal y los anexos ejecutivos aprobados por las legislaturas locales, defendidos a capa y a espada por los miembros de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE mediante el reconocimiento de las prestaciones derivadas de usos y costumbres pactadas en el mismo acuerdo, objeto de fincamiento de responsabilidades en los pliegos de observaciones producto de las auditorías practicadas a las autoridades educativas estatales por parte del OSF quienes se encuentran en estado de indefensión entre dos poderes, uno formal y otro real.
Otro tema que sin duda generará suspicacias, Gracia, es el derivado del reclamo del pago que del Impuesto sobre la Renta que grava al aguinaldo y la prima vacacional realiza la Secretaría de Hacienda a las autoridades educativas estatales mediante lo establecido en el Decreto del 5 de diciembre de 2008 por el que se otorgan estímulos a las administraciones gubernamentales de las entidades federativas. Basado en el mismo principio de prestaciones acordadas en el ANMEB, ganadas por usos y costumbres y por lo tanto no negociables bajo la postura del SNTE, pactada en minutas previas por la autoridad educativa federal como producto de la negociación salarial resultado de las peticiones de las trabajadoras y trabajadores de la educación plasmadas en diversos pliegos petitorios de la organización, condonada reiteradamente mediante una operación virtual de ampliación presupuestal a las dependencias educativas locales y pago virtual deligación las mismas, obligación de trabajadoras y trabajadores de la educación bajo el principio de equidad tributaria establecida bajo jurisprudencia de la Corte, principio al que también recurre la organización por la existencia anual de un decreto presidencial que exenta de ese pago a las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado que incluye a maestras y maestros que laboran en el Distrito Federal con cargo a la nómina de la SEP central, el posible cobro por parte de las secretarías de educación para realizar la entrega del entero ya ha puesto en pie de lucha a miembros del SNTE en las entidades en las que se ha pretendido realizar el descuento correspondiente de los cheques.
Otros temas que sin duda tendremos que platicar Gracia están relacionados con una posible democratización del gremio más numeroso de América Latina, el de la aplicación de la legislación federal para reconocer la existencia de otras expresiones sindicales que pretenden representar a trabajadoras y trabajadores de la educación, como también el de las pretensiones de grupos de presión vinculados a una cadena televisiva para elevar a rango constitucional y reglamentario, teorías del aprendizaje basado en “competencias”, propias de una percepción del mundo y de la vida y de un momento particular, lo mismo que principios plasmados en la Alianza por la Calidad de la Educación, pactada entre Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del CEN del SNTE y Felipe Calderón, titular del Ejecutivo federal.
Como siempre Gracia, en espera de saludarte, y charlar sobre cuestiones que nos interesan, queda de ti.
Sin duda existen algunos rubros, Gracia, que en el transcurso del ciclo escolar que inicia el lunes 26 de agosto del 2010 estarán bajo la lupa de los actores del quehacer educativo nacional derivados de puntos de vista diferenciados sostenidos por quienes se encuentran enfrentados por sostener posiciones disímiles de acuerdos a los intereses que defienden, entre ellos, a más de otros que te relatare en el transcurso de la misiva con la intención de comentarlos más adelante, el relacionado con el tema de los comisionados sindicales: Condenados por la sociedad civil por cobrar y realizar actividades diferentes a las pactadas en sus órdenes de trabajo, evidenciados –los comisionados de origen federal– por el portal de transparencia publicado en Internet por las autoridades educativas federales bajo mandato de lo establecido en el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 aprobado por la LXI legislatura de la Cámara de Diputados, perseguidos por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) de la Auditoría Superior de la Federación quien sostiene que el artículo 53 del Reglamento de la Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública publicado el 29 de enero de 1946 establece la obligación para que las autoridades educativas otorguen permiso sin goce de salario a quienes se profesionalicen para realizar tareas propias de la organización obligación suscrita entre la dirigencia del SNTE, ejecutivos de las entidades bajo testimonio de Carlos Salinas de Gortari, titular a la sazón del ejecutivo federal, mediante la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ENMEB) y Normal y los anexos ejecutivos aprobados por las legislaturas locales, defendidos a capa y a espada por los miembros de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE mediante el reconocimiento de las prestaciones derivadas de usos y costumbres pactadas en el mismo acuerdo, objeto de fincamiento de responsabilidades en los pliegos de observaciones producto de las auditorías practicadas a las autoridades educativas estatales por parte del OSF quienes se encuentran en estado de indefensión entre dos poderes, uno formal y otro real.
Otro tema que sin duda generará suspicacias, Gracia, es el derivado del reclamo del pago que del Impuesto sobre la Renta que grava al aguinaldo y la prima vacacional realiza la Secretaría de Hacienda a las autoridades educativas estatales mediante lo establecido en el Decreto del 5 de diciembre de 2008 por el que se otorgan estímulos a las administraciones gubernamentales de las entidades federativas. Basado en el mismo principio de prestaciones acordadas en el ANMEB, ganadas por usos y costumbres y por lo tanto no negociables bajo la postura del SNTE, pactada en minutas previas por la autoridad educativa federal como producto de la negociación salarial resultado de las peticiones de las trabajadoras y trabajadores de la educación plasmadas en diversos pliegos petitorios de la organización, condonada reiteradamente mediante una operación virtual de ampliación presupuestal a las dependencias educativas locales y pago virtual deligación las mismas, obligación de trabajadoras y trabajadores de la educación bajo el principio de equidad tributaria establecida bajo jurisprudencia de la Corte, principio al que también recurre la organización por la existencia anual de un decreto presidencial que exenta de ese pago a las trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado que incluye a maestras y maestros que laboran en el Distrito Federal con cargo a la nómina de la SEP central, el posible cobro por parte de las secretarías de educación para realizar la entrega del entero ya ha puesto en pie de lucha a miembros del SNTE en las entidades en las que se ha pretendido realizar el descuento correspondiente de los cheques.
Otros temas que sin duda tendremos que platicar Gracia están relacionados con una posible democratización del gremio más numeroso de América Latina, el de la aplicación de la legislación federal para reconocer la existencia de otras expresiones sindicales que pretenden representar a trabajadoras y trabajadores de la educación, como también el de las pretensiones de grupos de presión vinculados a una cadena televisiva para elevar a rango constitucional y reglamentario, teorías del aprendizaje basado en “competencias”, propias de una percepción del mundo y de la vida y de un momento particular, lo mismo que principios plasmados en la Alianza por la Calidad de la Educación, pactada entre Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del CEN del SNTE y Felipe Calderón, titular del Ejecutivo federal.
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