El Diputado Melitón Lozano Pérez (PRD) demanda respeto al derecho de los maestros a la libre manifestación. A continuación el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado Lozano a nombre del Partido de la Revolución Democrática, el 28 de octubre de 2008 ante el pleno del congreso del Estado:
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.
El que suscribe Diputado Melitón Lozano Pérez miembro del Partido de la Revolución Democrática que integra la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción XI, 69 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 93 fracción VI y 128 del reglamento Interior del H. Congreso del Estado sometemos a consideración de este cuerpo colegiado el punto de acuerdo con arreglo a los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el artículo 3º de la constitución política de los estados unidos mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación laica y gratuita. Además que la federación, los estados, y los municipios-, impartirán educación preescolar, primaria y secundaria de forma obligatoria. Que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
También manifiesta que será el Congreso de la Unión, quien con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.
Que además, el criterio constitucional precisa que la educación será democrática y nacional, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y
Que de acuerdo a lo que señala el articulo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Puebla, corresponde a la secretaría de educación pública dirigir, vigilar y coordinar que el sistema educativo estatal dé cumplimiento al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia;
Que el 30 de julio de 2008, en nuestra entidad, las secciones sindicales 51 y 23 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE) el titular del Gobierno del estado y principalmente la Secretaria de Educación Pública del estado de Puebla, firmaron la “Alianza para la Calidad de la Educación.”, tal como fue pactada entre la SEP federal y la Presidenta Vitalicia del SNTE el 15 de mayo de este mismo año.
Acuerdo que ha generado conflicto en el gremio magisterial, en virtud de considerarse contraria a las disposiciones del artículo 3º constitucional y por haber sido un pacto elaborado por las cúpulas, sin tomar en cuenta a la base de maestros. Además de concebir que, dicho acuerdo, carece de sustento normativo, ya que esta es competencia del congreso de la unión como lo manifiesta la constitución federal.
La educación en México, adolece de un gran rezago producto de décadas de abandono por parte de los gobiernos. Los convenios firmados con anterioridad, como el “ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA” de Salinas, el “ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA” de Zedillo, el “PACTO PARA LA CALIDAD EDUCATIVA” de Fox y la actual “ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”; no han podido resolver la crisis del sistema educativo. La indiferencia, desatención y burocratismo en el sistema educativo nacional se ha reflejado en el deterioro del mismo. Esta misma política se ha materializado en la pérdida paulatina de las conquistas laborales, sociales y económicas del magisterio y en general del conjunto de trabajadores del país. Lo que esta en juego es el modelo de educación que requiere el país.
En virtud de que esta alianza no representa garantías para superar las carencias y el bajo rendimiento producto del sistema educativo actual, proponemos el siguiente punto de:
ACUERDO.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA CANCELACIÓN DE LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA.
PRIMERO.- Se acuerde exhortar al Gobierno del Estado de Puebla para que realice la Cancelación del convenio denominado ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN firmado por el titular del Gobierno del Estado de Puebla, sus dependencias como la Secretaria de Educación Publica, la Secretaría de Gobernación, la secretaria de desarrollo social, la secretaria de Finanzas y administración y la Secretaría de Salud , y las secciones 23 y 51 del SNTE, en virtud de haberse acordado sin la participación de las bases magisteriales, condición mínima para su implementación adecuada en el proceso educativo.
SEGUNDO.- Se solicita al gobierno del estado garantice y salvaguarde el derecho de manifestación de los maestros integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano, inconformes con la denominada alianza por la calidad educativa, y evite una confrontación violenta.
TERCERO.- Exhortar al Gobierno del estado para el establecimiento de una mesa de discusión con especialistas y miembros del gremio magisterial para analizar y agendar los principales temas de una reforma educativa en el estado.
CON LA ANUENCIA DE LA MESA DIRECTIVA.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS BUENOS DIAS.
He venido argumentando en estos días, que en el conflicto magisterial producto de la firma de la alianza por la calidad de la educación se entretejen diversos factores que son necesarios explicitar, y que es responsabilidad del congreso definir una posición respetuosa pero crítica que aporte elementos de análisis para la solución del conflicto magisterial en Puebla.
Iniciaría señalando que el sistema educativo en México se encuentra en crisis. Y que el movimiento magisterial es muestra clara de la polarización política que vive el país. Este conflicto revela el principal cuestionamiento a las instituciones de educación, acerca del modelo educativo que se ha impulsado en los últimos 25 años que ha dado como resultado la exclusión y la dificultad de la población mexicana para acceder al derecho a la educación establecido en el articulo 3° de nuestra constitución federal.
Existe una intencionalidad clara de posicionar en la opinión pública la idea de que los maestros están en contra de la calidad educativa, en contra del desarrollo del país y de nuestro estado. Situación que desde mi punto de vista es un argumento que descalifica a priori, y ofrece una visión sesgada de la realidad educativa, sin otorgar la posibilidad de una reflexión pertinente, que es responsabilidad de este congreso y del titular del poder ejecutivo del estado realizar.
Comparto con ustedes algunos datos nacionales que le otorgan contexto y sustento a la proposición de punto de acuerdo que en este momento presento:
“De acuerdo con el estudio La educación de un vistazo 2007 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el sexto lugar entre los 30 países que la integran por el monto de la inversión pública que le dedica a la educación. Inversión que no se refleja en la calidad integral de la educación ya que con un promedio de 8.8 de escolaridad la población mexicana está en el lugar 29 de entre los miembros de la OCDE. Como tampoco incide el millonario presupuesto en el salario de los profesores. Según el estudio, mientras en Luxemburgo, suiza y corea el salario anual de un maestro de primaria es de 48 983 dólares, en México es de 27 824 dólares.
En datos recabados en el año 2005 por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación INEE se establece que 2 de cada 10 estudiantes de primaria no adquieren siquiera las competencias básicas en matemáticas y lectura, mas de 50% solo tiene los conocimientos mínimos de cada materia, únicamente 3 de cada 10 tienen un conocimiento adecuado de nivel medio o avanzado. En secundaria la situación es peor, casi un tercio de los alumnos no tienen siquiera las capacidades básicas de lectura correspondientes a su grado
La fundación IDEA precisa que existe gran desigualdad en el acceso a la educación, en las zonas indígenas el 16.4% de los niños no asisten a la escuela, en el 20 % de los planteles no se imparten los seis grados de primaria y solo el 28 % tiene profesores para distintos grados” .[1]
En el caso de Puebla:
“Según los datos del XII Censo Nacional del año 2000, la población mayor a los 15 años que se encuentra en condiciones de rezago educativo, (entendiendo esta variable como la suma de la población analfabeta, la que no terminó la primaria y la que no concluyó la secundaria), alcanzó a 59.2 % de los habitantes. La mayoría de ellos integran los grupos vulnerables de la entidad. Son indígenas, los pobres de las ciudades, campesinos en pobreza extrema y los hijos de migrantes que sobreviven en la Sierra Negra, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental y la Mixteca poblana.
Durante el ciclo 2001-2002 en el indicador de aprovechamiento de los aprendizajes de los niños de primaria, la entidad ocupó el casillero 31 del país. Situación que contrasta con la posición nacional de segundo lugar que ocupo el estado en ese ciclo, en cuanto al número de instituciones inscritas en el programa de escuelas de calidad”. [2]
La fundación para la Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas (IDEA) ha señalado en un estudio realizado en el año 2007[3], que Puebla es uno de los estados que en materia educativa se encuentra en los últimos sitios, ocupando el lugar 25 de la tabla general en relación con las 32 entidades de la república mexicana que fueron evaluadas. Dicho estudio analizó la infraestructura, asistencia de profesores y el programa de carrera magisterial entre otros rubros. Un dato que destaca en este estudio, es que puebla ocupa el lugar 31 en infraestructura educativa. En cuanto a analfabetismo Puebla se ubica cerca de los estados con los problemas más graves, el índice de analfabetismo para el año 2000 era del 14.2 por ciento de la población, en 7 años, solamente bajó 2 unidades y su posición fue la número 28 con relación a las 32 entidades que fueron evaluadas.
La situación actual es el resultado de por lo menos 20 años de desaciertos en la implementación de las políticas públicas de educación en el país y en nuestro estado. Estas políticas públicas son reinventadas en cada sexenio, pero siempre desde el perfil del neoliberalismo dominante que orienta la acción gubernamental desde la lógica del mercado; recordemos el Acuerdo Nacional para la Modernización de la educación básica de Carlos Salinas de Gortari, el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de Ernesto Zedillo o el Pacto para la Calidad Educativa en la que Fox se comprometió a otorgar el 8% del PIB para este rubro, situación que no sucedió aun cuando se generaron los instrumentos jurídicos para este fin.
Los diversos acuerdos nacionales, pactos y alianzas tienen un denominador común, se han decidido cupularmente y se han instrumentado sin involucrar al maestro en la toma de decisiones mediante un proceso que favorezca la apropiación de tales reformas, es por eso que nunca aterrizan, es por eso que fracasan, a los maestros se les ha considerado como maquiladores de la educación y no como sujetos de transformación educativa y social capaz de pensar la educación. Lo anterior ha dado como resultado la crisis en la que está inmerso el sistema educativo; acuerdos en los que prima el interés político y el interés del mercado sobre el interés de la nación. Todos estos acuerdos, pactos y alianzas han sido el preámbulo para la alianza por la calidad de la educación de Calderón y Elba Esther Gordillo.
Si revisamos las políticas públicas educativas en Puebla podemos apreciar que han existido intentos locales por implementar una reforma educativa cercana a los principios democráticos y nacionalistas establecidos en el artículo 3° constitucional como lo fue el Programa Educativo Poblano impulsado en el sexenio de Bartlett, de igual manera en el periodo del Lic. Melquiades Morales también hubo ese intento, fueron buenos programas educativos que nunca aterrizaron porque se desconocieron los factores reales del poder en el sistema educativo y significaron para los maestros una nueva imposición.
Actualmente en Puebla ni siquiera existe un programa educativo que este orientando el rumbo de la educación en nuestro Estado. Resulta lamentable que el gobierno de Mario Marín Torres haya firmado la alianza por la calidad de la educación sin redimensionar las implicaciones de dicho acuerdo, en lugar de construir un modelo propio. Este modelo es un imperativo para puebla.
Me parece que existe una extravío educativo donde se han dejado de lado los principales Fines de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los fines desempeñan en una práctica educativa no solo el papel de orientadores sino también de generadores del quehacer educativo, debemos retomar los elementos claves que nos marca el artículo tercero constitucional para reorientar con claridad los fines de la educación,- es decir, el para qué educar. Se educa primordialmente para la convivencia, el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, el desarrollo integral y armónico del individuo, la identidad nacional y en ellos el amor a la patria, la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. En esencia estos fines no señalan escuetamente logros por conseguir sino que expresan al mismo tiempo una filosofía, una manera de ver la sociedad y la historia; y que además no se pueden medir solo con la prueba ENLACE. Estas concepciones no se localizan en el documento de la Alianza por la Calidad de la Educación, de igual manera tampoco el concepto de calidad es claramente definido, ¿A qué tipo de calidad se refiere la alianza?
Pablo Latapí Sarre nos ilustra sobre lo que debemos entender por calidad educativa en un discurso promulgado al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana, cito:
“A mí me preocupa, primero, que se confunda la calidad con el aprendizaje de conocimientos, lo que simplifica el problema falsamente pues la educación no es sólo conocimiento. Me preocupa también que se establezcan comparaciones de escuelas o instituciones que ignoran las diferencias entre contextos o las circunstancias de los estudiantes, a veces abismalmente distintos. Y me preocupa sobre todo que la calidad educativa se confunda con la formación de profesionales con conocimientos al servicio de la mercantilización y el sistema global.
Para Latapí “Son cuatro los rasgos esenciales de una educación con calidad: la formación del carácter, la formación de la inteligencia, la de los sentimientos y de los valores, y la formación de la libertad” dichos rasgos parecen tener consonancia con los fines de la educación del articulo 3° constitucional.
En la alianza se encuentra un discurso de la calidad de la educación que conlleva un Modelo privatizador y de instrumentalización educativa en donde lo que vale solo es el conocimiento, porque hoy el modelo educativo de escuela ya no responde al modelo de educación pública de estado sino al mercado, en la que la escuela debe estar ligada a la empresa con un enfoque de competencias que respondan a los intereses de las empresas del país y del mundo. Privatizar la educación no significa que se vayan a vender los servicios educativos o que los edificios públicos pasen a manos privadas significa, que el sistema educativo responde a los intereses del mercado y no a los de la nación previstos en nuestra Carta Magna.
Me parece que nadie puede estar en contra de la calidad de la educación entendida desde la filosofía establecida en nuestra constitución.
Es por eso que coincidiendo con diversos analistas y sumándonos a lo manifestado por 21 Investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) “al firmarse la alianza, lejos de que el gobierno federal busque solucionar deficiencias e insuficiencias del sistema educativo mexicano lo único que se hizo fue darle facultades excesivas al SNTE para que en temas estratégicos defina políticas educativas y fije orientaciones pedagógicas” que corresponde solo al estado ejercer.
La alianza por la calidad de educación no es una ley, no es un proyecto, ni siquiera un programa educativo, en realidad es una especie de convocatoria a los diversos actores para que impulsen acciones en seis ámbitos desglosados en 10 líneas de acción. La alianza invita a generar acciones a favor de la educación en los rubros de infraestructura, de capacitación y evaluación docente, estas tareas debieran ser siempre realizadas sin necesidad de ninguna alianza porque son responsabilidades únicas del Estado.
¿Por qué lanzar una convocatoria para que se realicen ahora? ¿Qué acaso estas tareas no se están cumpliendo?
En virtud de lo anterior, desde nuestro punto de vista se debe cancelar este convenio y abrir el debate sobre el tipo de modelo de educación que se requiere impulsar en nuestro Estado para revertir el grado de exclusión social y pobreza que tenemos.
Nadie está en contra de la profesionalización de los docentes pero que responda a las verdaderas necesidades de formación de los maestros y a las exigencias de la educación; de igual manera que el ingreso y promoción estén basados en la meritocracia, creo que el asunto de heredades no sería tan problemático si los maestros consideraran el nuevo proceso de asignación mediante concurso de oposición como un proceso transparente y confiable; el problema no se centra en la venta de las plazas, el problema se centra en la desconfianza que tienen los maestros del uso que dará un sindicato viciado a dichas plazas, por eso las protestas magisteriales van más allá de aferrarse al privilegio de hacer de la plaza un bien comercializable o transferible, hay desconfianza por la incertidumbre que provocan las acciones de Elba Esther gordillo que pudiera pretender una nueva forma de negociación de dichas plazas. Hay temor no solo por el futuro de los hijos desamparados, sino por los derroteros que habrá de seguir una profesión que hasta hace muy poco gozaba de certezas.
De igual manera nadie niega que se deban modernizar los centros escolares pero se debe realizar de manera cotidiana y sistemática no como actos de relumbrón, sino como respuesta a verdaderas necesidades que dignifiquen el quehacer educativo, esta es una promesa que no se ha concretado, a lo largo de estos 20 años.
Por último.
¿Qué hacer para que las disputas surgidas por el ejercicio de poder entre miembros de una organización, ahora con propuestas diferenciadas no afecten el interés superior de la niñez y de la sociedad?
Gustavo Santin aventura que La respuesta podría encontrarse seguramente en la definición de una política pública que surgida de un consenso nacional, anteponga realmente el interés superior de la Nación al de los diferentes grupos interesados en mantener al magisterio del país como un reserva estratégica con fines económicos, políticos y/o electorales.
[1] José Gil Olmos, articulo Revista proceso 1668/19 de Octubre de 2008.
[2] Observatorio ciudadano de la educación, Comunicado No. 104
[3] Raúl Abreu Lastra, Índice Compuesto de eficacia de los sistemas escolares, Fundación IDEA y Mexicanos Primero Visión 2030 A. C.- 2007
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.
El que suscribe Diputado Melitón Lozano Pérez miembro del Partido de la Revolución Democrática que integra la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción XI, 69 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 93 fracción VI y 128 del reglamento Interior del H. Congreso del Estado sometemos a consideración de este cuerpo colegiado el punto de acuerdo con arreglo a los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el artículo 3º de la constitución política de los estados unidos mexicanos señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación laica y gratuita. Además que la federación, los estados, y los municipios-, impartirán educación preescolar, primaria y secundaria de forma obligatoria. Que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
También manifiesta que será el Congreso de la Unión, quien con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.
Que además, el criterio constitucional precisa que la educación será democrática y nacional, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y
Que de acuerdo a lo que señala el articulo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Puebla, corresponde a la secretaría de educación pública dirigir, vigilar y coordinar que el sistema educativo estatal dé cumplimiento al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia;
Que el 30 de julio de 2008, en nuestra entidad, las secciones sindicales 51 y 23 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE) el titular del Gobierno del estado y principalmente la Secretaria de Educación Pública del estado de Puebla, firmaron la “Alianza para la Calidad de la Educación.”, tal como fue pactada entre la SEP federal y la Presidenta Vitalicia del SNTE el 15 de mayo de este mismo año.
Acuerdo que ha generado conflicto en el gremio magisterial, en virtud de considerarse contraria a las disposiciones del artículo 3º constitucional y por haber sido un pacto elaborado por las cúpulas, sin tomar en cuenta a la base de maestros. Además de concebir que, dicho acuerdo, carece de sustento normativo, ya que esta es competencia del congreso de la unión como lo manifiesta la constitución federal.
La educación en México, adolece de un gran rezago producto de décadas de abandono por parte de los gobiernos. Los convenios firmados con anterioridad, como el “ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA” de Salinas, el “ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA” de Zedillo, el “PACTO PARA LA CALIDAD EDUCATIVA” de Fox y la actual “ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”; no han podido resolver la crisis del sistema educativo. La indiferencia, desatención y burocratismo en el sistema educativo nacional se ha reflejado en el deterioro del mismo. Esta misma política se ha materializado en la pérdida paulatina de las conquistas laborales, sociales y económicas del magisterio y en general del conjunto de trabajadores del país. Lo que esta en juego es el modelo de educación que requiere el país.
En virtud de que esta alianza no representa garantías para superar las carencias y el bajo rendimiento producto del sistema educativo actual, proponemos el siguiente punto de:
ACUERDO.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA CANCELACIÓN DE LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA.
PRIMERO.- Se acuerde exhortar al Gobierno del Estado de Puebla para que realice la Cancelación del convenio denominado ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN firmado por el titular del Gobierno del Estado de Puebla, sus dependencias como la Secretaria de Educación Publica, la Secretaría de Gobernación, la secretaria de desarrollo social, la secretaria de Finanzas y administración y la Secretaría de Salud , y las secciones 23 y 51 del SNTE, en virtud de haberse acordado sin la participación de las bases magisteriales, condición mínima para su implementación adecuada en el proceso educativo.
SEGUNDO.- Se solicita al gobierno del estado garantice y salvaguarde el derecho de manifestación de los maestros integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano, inconformes con la denominada alianza por la calidad educativa, y evite una confrontación violenta.
TERCERO.- Exhortar al Gobierno del estado para el establecimiento de una mesa de discusión con especialistas y miembros del gremio magisterial para analizar y agendar los principales temas de una reforma educativa en el estado.
A T E N T A M E N T E
DIPUTADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
PUEBLA, PUE; A 28 DE OCTUBRE DE 2008.
DIPUTADO MELITON LOZANO PEREZ
DIPUTADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
PUEBLA, PUE; A 28 DE OCTUBRE DE 2008.
DIPUTADO MELITON LOZANO PEREZ
A continuación el posicionamiento del Diputado Meliton Lozano Pérez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democratica con relacion a la presentación de la proposicion con punto de acuerdo con relación a la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación en el Estado de Puebla.
CON LA ANUENCIA DE LA MESA DIRECTIVA.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS BUENOS DIAS.
He venido argumentando en estos días, que en el conflicto magisterial producto de la firma de la alianza por la calidad de la educación se entretejen diversos factores que son necesarios explicitar, y que es responsabilidad del congreso definir una posición respetuosa pero crítica que aporte elementos de análisis para la solución del conflicto magisterial en Puebla.
Iniciaría señalando que el sistema educativo en México se encuentra en crisis. Y que el movimiento magisterial es muestra clara de la polarización política que vive el país. Este conflicto revela el principal cuestionamiento a las instituciones de educación, acerca del modelo educativo que se ha impulsado en los últimos 25 años que ha dado como resultado la exclusión y la dificultad de la población mexicana para acceder al derecho a la educación establecido en el articulo 3° de nuestra constitución federal.
Existe una intencionalidad clara de posicionar en la opinión pública la idea de que los maestros están en contra de la calidad educativa, en contra del desarrollo del país y de nuestro estado. Situación que desde mi punto de vista es un argumento que descalifica a priori, y ofrece una visión sesgada de la realidad educativa, sin otorgar la posibilidad de una reflexión pertinente, que es responsabilidad de este congreso y del titular del poder ejecutivo del estado realizar.
Comparto con ustedes algunos datos nacionales que le otorgan contexto y sustento a la proposición de punto de acuerdo que en este momento presento:
“De acuerdo con el estudio La educación de un vistazo 2007 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el sexto lugar entre los 30 países que la integran por el monto de la inversión pública que le dedica a la educación. Inversión que no se refleja en la calidad integral de la educación ya que con un promedio de 8.8 de escolaridad la población mexicana está en el lugar 29 de entre los miembros de la OCDE. Como tampoco incide el millonario presupuesto en el salario de los profesores. Según el estudio, mientras en Luxemburgo, suiza y corea el salario anual de un maestro de primaria es de 48 983 dólares, en México es de 27 824 dólares.
En datos recabados en el año 2005 por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación INEE se establece que 2 de cada 10 estudiantes de primaria no adquieren siquiera las competencias básicas en matemáticas y lectura, mas de 50% solo tiene los conocimientos mínimos de cada materia, únicamente 3 de cada 10 tienen un conocimiento adecuado de nivel medio o avanzado. En secundaria la situación es peor, casi un tercio de los alumnos no tienen siquiera las capacidades básicas de lectura correspondientes a su grado
La fundación IDEA precisa que existe gran desigualdad en el acceso a la educación, en las zonas indígenas el 16.4% de los niños no asisten a la escuela, en el 20 % de los planteles no se imparten los seis grados de primaria y solo el 28 % tiene profesores para distintos grados” .[1]
En el caso de Puebla:
“Según los datos del XII Censo Nacional del año 2000, la población mayor a los 15 años que se encuentra en condiciones de rezago educativo, (entendiendo esta variable como la suma de la población analfabeta, la que no terminó la primaria y la que no concluyó la secundaria), alcanzó a 59.2 % de los habitantes. La mayoría de ellos integran los grupos vulnerables de la entidad. Son indígenas, los pobres de las ciudades, campesinos en pobreza extrema y los hijos de migrantes que sobreviven en la Sierra Negra, la Sierra Norte, la Sierra Nororiental y la Mixteca poblana.
Durante el ciclo 2001-2002 en el indicador de aprovechamiento de los aprendizajes de los niños de primaria, la entidad ocupó el casillero 31 del país. Situación que contrasta con la posición nacional de segundo lugar que ocupo el estado en ese ciclo, en cuanto al número de instituciones inscritas en el programa de escuelas de calidad”. [2]
La fundación para la Implementación, Diseño, Evaluación y Análisis de Políticas Públicas (IDEA) ha señalado en un estudio realizado en el año 2007[3], que Puebla es uno de los estados que en materia educativa se encuentra en los últimos sitios, ocupando el lugar 25 de la tabla general en relación con las 32 entidades de la república mexicana que fueron evaluadas. Dicho estudio analizó la infraestructura, asistencia de profesores y el programa de carrera magisterial entre otros rubros. Un dato que destaca en este estudio, es que puebla ocupa el lugar 31 en infraestructura educativa. En cuanto a analfabetismo Puebla se ubica cerca de los estados con los problemas más graves, el índice de analfabetismo para el año 2000 era del 14.2 por ciento de la población, en 7 años, solamente bajó 2 unidades y su posición fue la número 28 con relación a las 32 entidades que fueron evaluadas.
La situación actual es el resultado de por lo menos 20 años de desaciertos en la implementación de las políticas públicas de educación en el país y en nuestro estado. Estas políticas públicas son reinventadas en cada sexenio, pero siempre desde el perfil del neoliberalismo dominante que orienta la acción gubernamental desde la lógica del mercado; recordemos el Acuerdo Nacional para la Modernización de la educación básica de Carlos Salinas de Gortari, el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa de Ernesto Zedillo o el Pacto para la Calidad Educativa en la que Fox se comprometió a otorgar el 8% del PIB para este rubro, situación que no sucedió aun cuando se generaron los instrumentos jurídicos para este fin.
Los diversos acuerdos nacionales, pactos y alianzas tienen un denominador común, se han decidido cupularmente y se han instrumentado sin involucrar al maestro en la toma de decisiones mediante un proceso que favorezca la apropiación de tales reformas, es por eso que nunca aterrizan, es por eso que fracasan, a los maestros se les ha considerado como maquiladores de la educación y no como sujetos de transformación educativa y social capaz de pensar la educación. Lo anterior ha dado como resultado la crisis en la que está inmerso el sistema educativo; acuerdos en los que prima el interés político y el interés del mercado sobre el interés de la nación. Todos estos acuerdos, pactos y alianzas han sido el preámbulo para la alianza por la calidad de la educación de Calderón y Elba Esther Gordillo.
Si revisamos las políticas públicas educativas en Puebla podemos apreciar que han existido intentos locales por implementar una reforma educativa cercana a los principios democráticos y nacionalistas establecidos en el artículo 3° constitucional como lo fue el Programa Educativo Poblano impulsado en el sexenio de Bartlett, de igual manera en el periodo del Lic. Melquiades Morales también hubo ese intento, fueron buenos programas educativos que nunca aterrizaron porque se desconocieron los factores reales del poder en el sistema educativo y significaron para los maestros una nueva imposición.
Actualmente en Puebla ni siquiera existe un programa educativo que este orientando el rumbo de la educación en nuestro Estado. Resulta lamentable que el gobierno de Mario Marín Torres haya firmado la alianza por la calidad de la educación sin redimensionar las implicaciones de dicho acuerdo, en lugar de construir un modelo propio. Este modelo es un imperativo para puebla.
Me parece que existe una extravío educativo donde se han dejado de lado los principales Fines de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los fines desempeñan en una práctica educativa no solo el papel de orientadores sino también de generadores del quehacer educativo, debemos retomar los elementos claves que nos marca el artículo tercero constitucional para reorientar con claridad los fines de la educación,- es decir, el para qué educar. Se educa primordialmente para la convivencia, el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, el desarrollo integral y armónico del individuo, la identidad nacional y en ellos el amor a la patria, la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. En esencia estos fines no señalan escuetamente logros por conseguir sino que expresan al mismo tiempo una filosofía, una manera de ver la sociedad y la historia; y que además no se pueden medir solo con la prueba ENLACE. Estas concepciones no se localizan en el documento de la Alianza por la Calidad de la Educación, de igual manera tampoco el concepto de calidad es claramente definido, ¿A qué tipo de calidad se refiere la alianza?
Pablo Latapí Sarre nos ilustra sobre lo que debemos entender por calidad educativa en un discurso promulgado al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana, cito:
“A mí me preocupa, primero, que se confunda la calidad con el aprendizaje de conocimientos, lo que simplifica el problema falsamente pues la educación no es sólo conocimiento. Me preocupa también que se establezcan comparaciones de escuelas o instituciones que ignoran las diferencias entre contextos o las circunstancias de los estudiantes, a veces abismalmente distintos. Y me preocupa sobre todo que la calidad educativa se confunda con la formación de profesionales con conocimientos al servicio de la mercantilización y el sistema global.
Para Latapí “Son cuatro los rasgos esenciales de una educación con calidad: la formación del carácter, la formación de la inteligencia, la de los sentimientos y de los valores, y la formación de la libertad” dichos rasgos parecen tener consonancia con los fines de la educación del articulo 3° constitucional.
En la alianza se encuentra un discurso de la calidad de la educación que conlleva un Modelo privatizador y de instrumentalización educativa en donde lo que vale solo es el conocimiento, porque hoy el modelo educativo de escuela ya no responde al modelo de educación pública de estado sino al mercado, en la que la escuela debe estar ligada a la empresa con un enfoque de competencias que respondan a los intereses de las empresas del país y del mundo. Privatizar la educación no significa que se vayan a vender los servicios educativos o que los edificios públicos pasen a manos privadas significa, que el sistema educativo responde a los intereses del mercado y no a los de la nación previstos en nuestra Carta Magna.
Me parece que nadie puede estar en contra de la calidad de la educación entendida desde la filosofía establecida en nuestra constitución.
Es por eso que coincidiendo con diversos analistas y sumándonos a lo manifestado por 21 Investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) “al firmarse la alianza, lejos de que el gobierno federal busque solucionar deficiencias e insuficiencias del sistema educativo mexicano lo único que se hizo fue darle facultades excesivas al SNTE para que en temas estratégicos defina políticas educativas y fije orientaciones pedagógicas” que corresponde solo al estado ejercer.
La alianza por la calidad de educación no es una ley, no es un proyecto, ni siquiera un programa educativo, en realidad es una especie de convocatoria a los diversos actores para que impulsen acciones en seis ámbitos desglosados en 10 líneas de acción. La alianza invita a generar acciones a favor de la educación en los rubros de infraestructura, de capacitación y evaluación docente, estas tareas debieran ser siempre realizadas sin necesidad de ninguna alianza porque son responsabilidades únicas del Estado.
¿Por qué lanzar una convocatoria para que se realicen ahora? ¿Qué acaso estas tareas no se están cumpliendo?
En virtud de lo anterior, desde nuestro punto de vista se debe cancelar este convenio y abrir el debate sobre el tipo de modelo de educación que se requiere impulsar en nuestro Estado para revertir el grado de exclusión social y pobreza que tenemos.
Nadie está en contra de la profesionalización de los docentes pero que responda a las verdaderas necesidades de formación de los maestros y a las exigencias de la educación; de igual manera que el ingreso y promoción estén basados en la meritocracia, creo que el asunto de heredades no sería tan problemático si los maestros consideraran el nuevo proceso de asignación mediante concurso de oposición como un proceso transparente y confiable; el problema no se centra en la venta de las plazas, el problema se centra en la desconfianza que tienen los maestros del uso que dará un sindicato viciado a dichas plazas, por eso las protestas magisteriales van más allá de aferrarse al privilegio de hacer de la plaza un bien comercializable o transferible, hay desconfianza por la incertidumbre que provocan las acciones de Elba Esther gordillo que pudiera pretender una nueva forma de negociación de dichas plazas. Hay temor no solo por el futuro de los hijos desamparados, sino por los derroteros que habrá de seguir una profesión que hasta hace muy poco gozaba de certezas.
De igual manera nadie niega que se deban modernizar los centros escolares pero se debe realizar de manera cotidiana y sistemática no como actos de relumbrón, sino como respuesta a verdaderas necesidades que dignifiquen el quehacer educativo, esta es una promesa que no se ha concretado, a lo largo de estos 20 años.
Por último.
¿Qué hacer para que las disputas surgidas por el ejercicio de poder entre miembros de una organización, ahora con propuestas diferenciadas no afecten el interés superior de la niñez y de la sociedad?
Gustavo Santin aventura que La respuesta podría encontrarse seguramente en la definición de una política pública que surgida de un consenso nacional, anteponga realmente el interés superior de la Nación al de los diferentes grupos interesados en mantener al magisterio del país como un reserva estratégica con fines económicos, políticos y/o electorales.
- Tendría que ver con la modificación de los ordenamientos para que cada uno quede en el lugar que le corresponda de acuerdo con el nivel de responsabilidad que tenga y la democracia sindical sea ejercida por la voluntad de los propios trabajadores sin la existencia de un grupo impulsado y solapado por el gobierno y de pactos vergonzantes, firmados al amparo del poder y de las instituciones, que se imponen a principios jurídicos legales y constitucionales.
- Tendría que ver con la redefinición de los fines y de los principios establecidos en la constitución y con la redefinición del monopolio de planes y programas ejercido por el personero presidencial en turno del despacho educativo.
- Tendría que ver con una nueva responsabilidad social incluidos medios de comunicación, madres y padres de familia y demás sectores involucrados para que así se generen políticas de trabajo que definan competencias reales de acuerdo al papel desempeñado.
- Tendría que ver con la definición de una retribución pecuniaria, digna y justa que valore y recompense los esfuerzos de los trabajadores y que genere mecanismos jubilatorios que garanticen los niveles de vida adquiridos por los trabajadores.
- Tendría que ver con el cambio de actitud para quienes por vocación o por interés deciden trabajar como educadores y formadores de las nuevas generaciones, realmente cumplan con el compromiso adquirido y por el cual son remunerados con cargo al erario.
[1] José Gil Olmos, articulo Revista proceso 1668/19 de Octubre de 2008.
[2] Observatorio ciudadano de la educación, Comunicado No. 104
[3] Raúl Abreu Lastra, Índice Compuesto de eficacia de los sistemas escolares, Fundación IDEA y Mexicanos Primero Visión 2030 A. C.- 2007
