El Ceneval, ¿órgano constitucional de evaluación?
HUGO ABOITES
La Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo tercero constitucional, pero algunos cambios son cuestionables. Queda en la ambigüedad la gratuidad de la educación y además posibilita el respaldo legal del más alto nivel a la creciente privatización de la evaluación de la educación.
El texto, ahora sujeto a la aprobación del Senado, habla con apariencia inocua, de garantizar que [la] educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el México de hoy, evaluar masivamente, con la sola excepción de la prueba Enlace, significa una actividad privada y comercial. Por ejemplo, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) se ha convertido en el gran monopolio privado de medición de la educación postsecundaria, pues cada año decide el acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación media superior, superior y al posgrado (pruebas Exani-I, Exani II, Exani-III). Además evalúa a los estudiantes a media carrera (EXIL) y clasifica a quienes terminan sus estudios profesionales (EGEL).
Aprovechando la necesidad de educación de las familias mexicanas, en tres lustros este centro ha evaluado a cerca de 25 millones, que se traducen en 3 mil millones de pesos, incluyendo la mina que significa el examen único que se aplica en el valle de México.
Desde el 2000 el Ceneval evalúa y decide quiénes pueden obtener un título de bachillerato o profesional (aunque no hayan cursado o concluido sus estudios), con base en un procedimiento light de evaluación, de apenas tres días no consecutivos (y el pago de varios miles de pesos).
El Ceneval (1994) fue sólo el pionero. Luego (2000) vino una nube de comités y agencias privadas autorizadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) para evaluar universidades y valorar (acreditar) sus 13 mil 400 programas de estudios profesionales en un esquema monopólico, pues sólo se autoriza una agencia por cada carrera. Las acreditaciones, prácticamente obligatorias, deben repetirse cada cinco años y en el 2000 ya tenían un costo de 100 mil pesos cada una.
Siguiendo esta misma tendencia, la Alianza por la Calidad de la Educación plantea que la certificación de los maestros de educación básica quede en manos de agencias certificadoras (privadas). Evaluar periódicamente a más de un millón de maestros es otro enorme y generoso mercado cautivo. Esta es, pues, la evaluación real que con la ambigua redacción propuesta se elevaría a rango constitucional. Y significaría dar un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial y, además, patentemente ineficiente, pues en todos estos años, esta próspera industria de la evaluación no ha podido generar una dinámica sostenida y generalizada de mejoramiento de la educación.
Significaría, también, no sólo volver legal lo que hasta ahora no está siquiera contemplado en la Ley General de Educación sino, más grave aún, avalar a nivel constitucional el que el Estado ceda o deposite en grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Ni siquiera sería ya el neoliberal Estado evaluador, sino un mero testigo de la acción de los particulares, el Estado testimonial.
En lugar de la evaluación privada y comercial que se define por la vía de los hechos, en este punto parece necesario que la Constitución retome su carácter de proyecto de nación y no de simple sancionadora de la acción arbitraria. El artículo tercero no habla de educación y deja luego su significado a la libre interpretación de los hechos, sino que abundantemente define cómo debe ser ésta (democrática, laica, gratuita, solidaria, derecho de todos…). De ahí que la evaluación, este componente clave del proceso educativo y esencial para su mejoramiento, como también la gratuidad, no pueden quedar al arbitrio de la interpretación factual que se ha construido en estos años, o alguna otra que se construya en el futuro.
Por eso, cabe perfectamente señalar desde ahora que evaluar es una función de Estado, pública y participativa. De ahí que es urgente que el Senado abra una pausa de reflexión responsable, abierta y pública sobre este tema. No debe repetirse el albazo de los diputados. La educación es fundamental –incluso más que el petróleo– para la posibilidad de futuro de un país realmente de todos.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
El texto, ahora sujeto a la aprobación del Senado, habla con apariencia inocua, de garantizar que [la] educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el México de hoy, evaluar masivamente, con la sola excepción de la prueba Enlace, significa una actividad privada y comercial. Por ejemplo, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) se ha convertido en el gran monopolio privado de medición de la educación postsecundaria, pues cada año decide el acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación media superior, superior y al posgrado (pruebas Exani-I, Exani II, Exani-III). Además evalúa a los estudiantes a media carrera (EXIL) y clasifica a quienes terminan sus estudios profesionales (EGEL).
Aprovechando la necesidad de educación de las familias mexicanas, en tres lustros este centro ha evaluado a cerca de 25 millones, que se traducen en 3 mil millones de pesos, incluyendo la mina que significa el examen único que se aplica en el valle de México.
Desde el 2000 el Ceneval evalúa y decide quiénes pueden obtener un título de bachillerato o profesional (aunque no hayan cursado o concluido sus estudios), con base en un procedimiento light de evaluación, de apenas tres días no consecutivos (y el pago de varios miles de pesos).
El Ceneval (1994) fue sólo el pionero. Luego (2000) vino una nube de comités y agencias privadas autorizadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) para evaluar universidades y valorar (acreditar) sus 13 mil 400 programas de estudios profesionales en un esquema monopólico, pues sólo se autoriza una agencia por cada carrera. Las acreditaciones, prácticamente obligatorias, deben repetirse cada cinco años y en el 2000 ya tenían un costo de 100 mil pesos cada una.
Siguiendo esta misma tendencia, la Alianza por la Calidad de la Educación plantea que la certificación de los maestros de educación básica quede en manos de agencias certificadoras (privadas). Evaluar periódicamente a más de un millón de maestros es otro enorme y generoso mercado cautivo. Esta es, pues, la evaluación real que con la ambigua redacción propuesta se elevaría a rango constitucional. Y significaría dar un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial y, además, patentemente ineficiente, pues en todos estos años, esta próspera industria de la evaluación no ha podido generar una dinámica sostenida y generalizada de mejoramiento de la educación.
Significaría, también, no sólo volver legal lo que hasta ahora no está siquiera contemplado en la Ley General de Educación sino, más grave aún, avalar a nivel constitucional el que el Estado ceda o deposite en grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Ni siquiera sería ya el neoliberal Estado evaluador, sino un mero testigo de la acción de los particulares, el Estado testimonial.
En lugar de la evaluación privada y comercial que se define por la vía de los hechos, en este punto parece necesario que la Constitución retome su carácter de proyecto de nación y no de simple sancionadora de la acción arbitraria. El artículo tercero no habla de educación y deja luego su significado a la libre interpretación de los hechos, sino que abundantemente define cómo debe ser ésta (democrática, laica, gratuita, solidaria, derecho de todos…). De ahí que la evaluación, este componente clave del proceso educativo y esencial para su mejoramiento, como también la gratuidad, no pueden quedar al arbitrio de la interpretación factual que se ha construido en estos años, o alguna otra que se construya en el futuro.
Por eso, cabe perfectamente señalar desde ahora que evaluar es una función de Estado, pública y participativa. De ahí que es urgente que el Senado abra una pausa de reflexión responsable, abierta y pública sobre este tema. No debe repetirse el albazo de los diputados. La educación es fundamental –incluso más que el petróleo– para la posibilidad de futuro de un país realmente de todos.
