viernes, 25 de abril de 2014


  


Con el título "Chomsky y Galeano, entre los intelectuales que condenan represión a ambientalistas"
se reprodduce aquí la columna de Marín Hernández Alcántara,
 de La Jornada de Oriente,que recoge una carta dada a conocer ayer
 en conferencia de prensa por el maestro universitario CarlosFigueroa.

CARTA ABIERTA


A los pueblos de México y del mundo que luchan en defensa de sus territorios y la vida,


a organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales,


a la sociedad civil,


a los medios de comunicación:



 Los abajo firmantes "denunciamos y repudiamos enérgicamente las acciones violentas de los gobiernos de Puebla y Morelos al intentar acallar, encarcelado las voces de los pueblos campesinos organizados, que con dignidad ejercen su derecho a la autodeterminación”.

“En días recientes, los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez Garrido, desataron una espiral de violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas, aprehensiones arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al Proyecto Integral Morelos y al Libramiento Poniente (ocho detenidos, dos intentos de detención y un herido en un periodo de ocho días). Las detenciones se realizaron haciendo uso excesivo de la violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos”.

“La oposición a la construcción del Libramiento Poniente, así como al Proyecto Integral Morelos que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto se debe a que afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen cientos de comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos así como al alto nivel de riesgo del gasoducto de acuerdo a información expresada por especialistas.

“De igual modo, denunciamos el autoritarismo y la imposición por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que se pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte (87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica). Con todo ello ignoran la rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos ‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su principal sustento a esos campesinos y campesinas. Ante esta situación, el gobierno estatal actúa como promotor de dichos proyectos, favoreciendo los intereses económicos de grandes empresas nacionales y transnacionales, a las cuales poco o nada les importan las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que provocarían.

“Estamos en un momento de sumo peligro, porque estos hechos no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino evidencias de una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el Estado. Tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación, de la existencia de otras órdenes de aprehensión en contra de defensor@s de derechos humanos y ciudadan@s organizad@s y de que continúan las amenazas e intimidación.

“Con esta represión, los gobiernos intentan producir, a través del terrorismo de Estado, una parálisis de la resistencia social. Lo que hoy estamos viviendo como aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras luchas y nuestra solidaridad para la construcción de caminos de resistencia contra esta embestida reaccionaria.

“Por todo lo anterior, unimos nuestras voces para exigir:

“1. La libertad inmediata e incondicional de la Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan Enedina Rosas Vélez detenida el 6 de abril, de Juan Carlos Flores Solís vocero del Frente de Pueblos en defensa del agua y la tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, de Abraham Cordero Calderón detenido también el 8 de abril, integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, toda vez que fueron detenciones ilegales y motivadas por asuntos políticos.

“2. El cese de acciones de intimidación en contra de Avelino Velázquez Tapia, Comisario de Bienes Comunales de San Juan Amecac quien tiene orden de aprehensión y a Ricardo Pérez Avilés, profesor investigador del departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Universidad de Puebla cuya familia fue amenazada por un grupo de gente armada en su domicilio.

“3. Cese de las amenazas al estudiante de sociología y asistente del doctor Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, y al abogado Raúl Rodríguez, defensor de Abraham Cordero Calderón.

“4. Alto a la represión y a las detenciones ilegales motivadas por asuntos políticos, así como a la criminalización de la protesta social.

“5. Respeto al legítimo derecho a la autodeterminación de los pueblos y a las alternativas de vida de campesina que tanto aportan a la economía nacional y a la diversidad cultural de México.

“6. Cancelación de los proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros, gasoductos que anteponen la ganancia económica a la vida de miles de ciudadanos mexicanos.

“Responsabilizamos a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Rafael Moreno Valle, Graco Ramírez y Mariano González, de cualquier agresión física y emocional a defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos organizados para defender su territorio y su vida ante la imposición de “proyectos de muerte”. Exigimos a dichos gobiernos la cancelación de órdenes de aprehensión existentes contra activistas sociales.

Ciudad de Puebla, México, 24 de abril del 2014”.

 Noam Chomsky, MIT. EU. Eduardo Galeano, Uruguay. Michael Löwy, CNRS, Francia. John Holloway, ICSyH UAP, México. Gustavo Esteva, Unitierra Oaxaca, México. Enzo Traverso, Cornell University, Italia. Atilio Borón, Argentina. Armando Bartra, México. Raúl Zibechi, Uruguay. Víctor Manuel Toledo, México. Carlos Fazio, México. Gilberto López y Rivas, México. Greg Grandin, EU. Margarita López Maya, Venezuela. Clara Jusidman, México. Javier Sicilia, México. Dan González Ortega, México. Luisa Paré, México Pierre Beaucage, Canadá. Raquel Sosa, México.Juan Paz y Miño, Ecuador Inés Izaguirre, Argentina. Eckart Boege, México. Óscar Olivera, Bolivia. Pedro Arrojo, España. Patrick Silberstein, Francia.,Laurance Priet, Francia. Adelita San Vicente, México. Pietro Ameglio, México.Fernando Matamoros, México. Francisco Gómez Carpenteiro, México. Patricia Moguel Viveros, México.Miguel Ángel Albízures, Famdegua, Guatemala. Estela Arredondo, Universidad Pedagógica, México. Dario Azzellini, Austria. Santiago Bastos, Ciesas, México. Luciano Concheiro Bórquez, UAM, México. Rafael Cuevas Molina, Universidad Nacional de Costa Rica, Costa Rica. Abelardo Cuellar, Congreso Progresista, Puebla.Julio Donis, USAC, Guatemala. María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, México.Eduardo Almeida Acosta, México. Fabiola Escarzaga, UAM, México.Óscar Olivera, Bolivia. Pedro Arrojo, España. Rosario Ibarra de Piedra Juan Carlos Gómez Leyton, Universidad Central, Chile. Nicolás Iñigo Carrera, Pimsa–Conycet, Argentina, entre otros,Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Amigos de la Tierra México, Acción Colectiva Socioambiental.Tetela Hacia el Futuro, Bios Iguana, Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, elConsejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la presa la Parota, el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC y el Centro de Reflexión y Acción Laboral,entre otros.

TETELA HACIA EL FUTURO,
RED DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,
 CONSEJO TIYAT-TLALI,
CONSEJO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL POBLANO,
BARRA LIBRE DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS DE PUEBLA,
 ASAMBLEA SOCIAL DEL AGUA,
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE PUEBLA, TLAXCALA Y MORELOS,
  COORDINACIÓN DE LA PASTORAL DE MIGRANTES EN LA ARQUIDIÓCESIS DE PUEBLA.
----------------------


Puebla: entre la represión y el despojo neoliberal

Gilberto López y Rivas
Publicado enLa Jornada,eel 25 de abril de 2014

Un ambiente de ilegalidad, zozobra y persecución se deja sentir en el estado de Puebla, donde el gobernador Rafael Moreno Valle (conocido destructor del patrimonio histórico y arqueológico), acorde con el gobierno de traición nacional de Enrique Peña Nieto, impone diversos megaproyectos de transnacionalización neoliberal contra la voluntad de pueblos y ciudadanos. Se trata del despojo de tierra y agua, así como su envenenamiento como producto de las 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos (solamente en la Sierra Norte), la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica, la construcción de diversos proyectos carreteros y los parques eólicos en la región de Tecamachalco.

Numerosas organizaciones políticas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas han venido denunciando la entrega del estado a corporaciones capitalistas, así como la creciente privatización del agua y el uso de este recurso vital para favorecer a esas empresas y a sus cómplices locales, cercanos al entorno del gobernador, quien no ceja en sus afanes futuristas de ser candidato a la presidencia de la República y, por ello, la opacidad de la constante derrama de dinero público para promover su imagen personal como un ejemplo de supuesto dinamismo y progreso que los darwinistas sociales señalan como "éxito".

Esta expoliación de recursos y ocupación de territorios se acompaña, al igual que en el ámbito nacional, de vergonzosas "reformas constitucionales" de la obsecuente Cámara de Diputados local, que ha reformado la Ley del Agua en tres ocasiones y que aprobó al vapor una inaudita ley, propuesta por el Partido Acción Nacional, que da facultades al Ejecutivo para realizar expropiaciones inmediatas y urgentes, sin notificar previamente a los afectados, a quienes se deja en plena indefensión jurídica. La inconstitucionalidad evidente de esta ley, además de violentar los derechos humanos fundamentales, abre la puerta a un masivo despojo de terrenos urbanos y rurales por parte del gobierno estatal, ahora convertido en una eficiente gerencia empresarial y en un capataz autoritario de las nuevas haciendas del neoporfiriato actual.

En particular, el Consejo Tiyat Tlali ha informado sobre la escala de violencia contra pueblos y organizaciones que "se oponen a los proyectos de muerte en toda la geografía del estado, como en el resto del país (que hoy) se ensaña contra el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala", y denuncia la detención ilegal de su vocero, Juan Carlos Flores, el 7 de abril, justo cuando salía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, "luego de interponer una queja por la detención de Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, detenida ilegalmente un día antes". Este frente, que unifica los esfuerzos de comunidades y organizaciones en los tres estados, se enfrenta firmemente a un controvertido proyecto denominado Integral Morelos, que pretende, contra todo raciocinio y lógica sustentable, e incluso contra las recomendaciones del Centro Nacional de Desastres (Cenapred) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instalar dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios cada una en las faldas del volcán Popocatépetl, que consumirían gas natural, transportado por Pemex a través de un gasoducto de 30 pulgadas por 150 kilómetros, así como un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla, con longitud de 10 kilómetros y una línea eléctrica de 20 kilómetros desde la subestación Yautepec. El consejo destaca: "En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011; ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comunicaron a la población en general los detalles de éste, e igualmente omitieron informar a los organismos estatales o municipales de Protección Civil, los riesgos de la construcción que esta obra implica, así como los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que trasportará 9 mil millones de litros de gas metano diariamente, a menos de dos metros de profundidad."

Ante la resistencia de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Moreno Valle respondió con una guerra sucia que es considerada "terrorismo de Estado". Detenciones ilegales con lujo de violencia por hombres fuertemente armados que no ostentan uniformes ni identificaciones ni mucho menos órdenes de aprehensión y que utilizan automóviles sin placas y sin logos, quienes constituyen en los hechos grupos paramilitares al servicio del gobernador. Estos grupos ilegales demuestran el desmantelamiento del llamado estado de derecho que impera en toda la República y que en Puebla se devela con marcada violencia abierta y clandestina. A la fecha ya existen varios presos políticos procedentes de diversos municipios de la entidad, en su mayoría comisarios ejidales y comunales, como Avelino Velázquez Tapia, Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Solís y Abraham Cordero Calderón, integrante de la organización denominada Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, los cuales están luchando contra los actos expropiatorios relacionados con la construcción del llamado Arco Poniente. Juan Carlos Rojas escribe desde la cárcel: "Hoy el gobierno usa la fuerza de sus cárceles, y nosotros la fuerza de la razón, y la razón siempre podrá volver a sacar fuerza para lograr la justicia". Incluso el sediciente gobernador ha amenazado, a través de sus grupos de choque, al académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla doctor Ricardo Pérez Avilés y a su asistente, Alberto Melchor Montero, por el apoyo brindado a la lucha contra el despojo. ¡Toda la solidaridad con los presos políticos y con mis colegas de la BUAP!