viernes, 6 de marzo de 2015

Criminalizacion del derecho a la protesta social



Denuncian persecución judicial contra 2 maestros en Puebla

Kara Castillo

Jueves, Marzo 5 2015

Aseguran que el proceso contra Ramiro Árciga y Noemí Orea es una muestra de cómo se criminaliza el derecho a la protesta social


 Integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) denunciaron la persecución judicial contra dos maestros, quienes recibieron una orden por escrito para comparecer ante el Ministerio Público de la Federación sin que el citatorio señale claramente las causas o delitos que se les imputan.

En un comunicado, el CDMP señaló que el proceso penal instaurado en contra de Humberto Ramiro Árciga Martínez y Noemí Orea Moreno es una clara muestra del uso del sistema de procuración e impartición de justicia para criminalizar y judicializar el derecho a la protesta social y a la libertad de expresión y exigió poner fin a tal hostigamiento.

El movimiento magisterial democrático en su carácter de integrante del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, (FOSYP PUE) llamó a la movilización solidaria de todas las organizaciones democráticas en defensa de las libertades y derechos sociales de los maestros y exigió que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica.

De acuerdo con el CDMP en diversas ocasiones los maestros acusados han emprendido acciones de protesta contra la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, y de manera reiterada, precisó, han sufrido la constante vigilancia y hostigamiento policiaco frente a su domicilio, lugares de reunión y actos públicos.

Para el CDMP se trata de una clara amenaza a la libertad e integridad personal de sus integrantes; una posible vinculación con actos supuestamente de carácter penal por su participación en marchas, foros, conferencias, protestas y eventos pedagógicos en defensa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio.

El profesor Árciga Martínez, egresado de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” en la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero, en el año 1978, es uno de los 41 directores de escuela con más de treinta años de servicios en la educación pública. Está cesado desde 2012 por oponerse a la aplicación de la prueba ENLACE.

Hasta la fecha, el gobierno se ha negado, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a restituirle su plaza, a pesar de que se ha reconocido que la prueba ENLACE resultó inoperante y fue oficialmente suspendido.

La primaria Braulio Rodríguez, en la comunidad de San José de Las Minas en el municipio de Santiago Miahuatlán, dirigida por Árciga se convirtió en el modelo a seguir en la aplicación del Proyecto Alternativo de Educativo que se pretende replicar en los estados del país y cuyo método fue reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).