lunes, 2 de abril de 2018




"....en terapia, entubada y agónica..."


INEE y fin de la reforma educativa

Hugo Aboites*

Publicado en La Jornada .31 de marzo de 2018

En la entrevista que hiciera Laura Poy ( La Jornada,19/03/18) a Eduardo Backhoff, consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), éste confirma la incertidumbre con que sus integrantes ven el futuro. Hay, incluso, un aire de pérdida y orfandad.

Mexicanos Primero y el grupo asesor cercano a la OCDE que presionaron por la reforma educativa en 2012, convencieron al Ejecutivo de que para darle una definitiva solidez, el INEE debía proponerse como un organismo de Estado, parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero resultó excesivo (y luego inservible) abundar hasta el detalle de cómo nombrar a sus integrantes y darle una importancia y poder mayor –la separación de los maestros de su trabajo– sobre sus maestros que los de la propia SEP.

La resistencia magisterial durante todo un sexenio resultó ser mucho más poderosa que la armazón legal lo que obligó al gobierno federal a reprimir incluso de manera sangrienta, con las fuerzas del Estado disparando contra una manifestación (Nochixtlán), y a prácticamente suspender las evaluaciones. Como resultado, la reforma (y especialmente el INEE) perdió legitimidad y ha quedado en el aire, como una ficha más en el proceso electoral. Si hoy el aeropuerto se tambalea, la reforma educativa con mayor razón, pues enfrenta una fuerza opositora mucho mayor. Ni de lejos es hoy visto como el independiente y legitimado instituto de especialistas de la evaluación ocupados en mejorar el sistema educativo. Por eso, la posición del INEE se ha vuelto incierta, peor aún cuando resaltan las limitaciones fundamentales que éste tiene. La primera y más devastadora es que en realidad apenas se puede llamar autónomo. Así lo advierte el propio consejero presidente Backhoff en la entrevista: tenemos, dice, “atribuciones que corresponden de manera concurrente a la SEP y a nosotros… y esto hace mucho más complejo el ejercicio de la autonomía… es como si tuviéramos vasos comunicantes y no podemos ser totalmente autónomos”. Y sí, el INEE se ha arraigado en el imaginario público como parte del sistema que comanda la SEP. Pero, además, en segundo lugar, el hecho de que haya asumido como su prioridad fundamental perseguir a los maestros, muestra que se ha olvidado del amplio mandato constitucional que la obliga a "evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo", y no sólo de los maestros (artículo tercero constitucional). En tercer lugar, como si fuera un centro orientado a hacer investigaciones, describe aspectos concretos de la realidad educativa, pero eso no es evaluar. No diagnostica ni propone soluciones y, a diferencia de la evaluación que hace a los maestros, esos estudios no aterrizan en responsabilidades específicas para alguien, ni menos los señala públicamente como lo hacen con los maestros. Apunta a los problemas, se duele de su gravedad, hace recomendaciones, pero no mucho más.

Cuarto, la reforma está en una crisis grave, y así como va, lo más probable es que no se recupere. El resultado de las próximas elecciones sólo nos dirá si se le mantendrá en terapia, entubada y agónica (con un gobierno PAN/PRI) o si tendrá un rápido y misericordioso final (como Morena promete, y se compromete a hacer) a fin de dar paso a una más eficiente y civilizada alternativa. Ante esta perspectiva, el INEE está obligado a definirse: o decide heroicamente mantener su lealtad absoluta a la reforma que cae, argumentando que la Constitución y el contexto legal no le dan espacio para otra cosa o, en apego a su poca autonomía, se deslinda de ella. Hasta ahora la postura ha sido fundamentalista, "ni un paso atrás", como confirma la inserción del INEE en La Jornada (12/3/18), pero con eso fortalece la concepción reinante entre maestros y algunos políticos de que el INEE es sólo el más agresivo y punitivo apéndice de la reforma. Y en esto no le ayuda el hecho de que sí pudo encontrar autonomía y energía para unirse a Mexicanos Primero y protestar agresivamente contra la SEP cuando en 2015 ésta suspendió un examen para los maestros, pero que jamás se deslindó con el mismo vigor y determinación de la violenta represión contra las protestas de comunidades y maestros. Y, finalmente, tampoco le ayuda el hecho de que su presupuesto de más de mil millones le es tan holgado que puede rentar un enorme edificio costoso y moderno en una zona exclusiva (Barranca del Muerto e Insurgentes). Con sólo eso podríamos contar con una nueva universidad de seis o siete planteles y 20 mil estudiantes.

Llega a tal punto la postura radical de comprometer al INEE en la defensa de una reforma sin futuro que, en la entrevista, más que en alternativas, el consejero presidente piensa en "cómo enfrentar un nuevo gobierno". Es muy claro que en el INEE no se percibe que, independientemente del resultado de las elecciones, y como diría el nobel Dylan: "los tiempos están cambiando."

P.S. El asesinato de Miroslava en Chihuahua muestra el terrible efecto de la cercanía Estado-narcotráfico para las periodistas honestas: ni protección ni justicia.



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Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral



Arturo Alcalde Justiniani

 Publicado en La Jornada .Sábado 31 de marzo de 2018

Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.

De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.

El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.

El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.

El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.

La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.

No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.

Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.

PD. Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.

Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.