jueves, 8 de mayo de 2014

Criminalizacion de la protesta social


¿Dónde está el poder?


 Publicado por Jaime Ornelas Delgado
 La Jornada de Oriente 8 de mayo de 2014


Un principio elemental de derecho afirma que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En consecuencia, solamente por mala fe, consigna o propina se puede acusar de delincuente alguien si no ha mediado el debido proceso, es decir, si no se ha realizado un juicio justo apegado a la legalidad y en la sentencia final se hace justicia tanto al acusado como al acusador.

Dicen quienes saben del tema que esto es el derecho, aunque a veces apegarse a derecho no necesariamente significa hacer justicia, sobre todo cuando se persigue a quienes disienten del poder y son capaces de cuestionar las decisiones que consideran afectan sus intereses. Muchas veces a los luchadores sociales, antes del proceso judicial, se les acusa y condena para inclinar la opinión pública en su contra o desalentar a quienes decidan continuar en la lucha social para corregir las injusticias del poder.

En México, lamentablemente, el derecho se aplica de manera discrecional y se dice que se integran expedientes para tener en la raya, bajo control a disidentes o no. Por ejemplo, nadie creía que a “la Quina”, aquel líder sindical petrolero que se dice decidió apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988, pudiera ser sancionado, “tiene poder” se decía entonces y se corría el rumor que cualquier cosa que le pasara podría desatar la movilización de los trabajadores petroleros y hasta se habló de pozos incendiados, si era preciso, para defender al líder. Salinas de Gortari, beneficiario del fraude electoral de aquel año, decidió actuar y le sembraron a “la Quina” desde armas de alto poder hasta un cadáver. Se le apresó y nada pasó. Nadie se movió. El poder actuó y hasta que quiso se mantuvo la leyenda del poder de “la Quina”.

Algo similar había ocurrido con Jonguitud Barrios, quien en 1976 tomó por asalto y metralleta en mano, el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reemplazando a Manuel Sánchez Vite quien había sido protegido de Luis Echeverría. Más tarde, 13 años después, la maestra Elba Esther Gordillo, con el apoyo de Salinas de Gortari, desplazó violentamente a Jonguitud, quien había sido declarado “líder vitalicio” del SNTE. Nuevamente, el apoyo del Ejecutivo fue determinante en el golpe.

Desde entonces, Elba Esther gozó del sostén incondicional del aparato gubernamental, tenía el poder que le quisieron dar quienes la usaron para hacer los trabajos sucios que convenía hiciera. ¿Quién sino Elba Esther convenció a varios gobernadores priistas para que apoyaran el fraude electoral que arrebató un triunfo legítimo al pueblo de México y a Andrés Manuel López Obrador en 2006?

Pero en realidad Elba Esther no tuvo poder; más bien fue instrumento del verdadero poder y cumplió su papel hasta que Enrique Peña Nieto decidió que ya la miss había dejado de ser funcional a los fines del poder y fue desplazada y encarcelada. Nadie, nadie del sindicato intentó nada. Más de un millón de afiliados, cuya movilización, se decía, era el poder que sostenía a Elba Esther Gordillo, intento nada, ni siquiera quienes fueron beneficiados con la enorme corrupción que había, ¿hay?, en el SNTE dijeron esta boca es mía. La abandonaron y sufre hoy en la peor de las soledades un juicio que se alarga y se alarga hasta que el poder decida concluirlo.

Así funciona el poder: utiliza el derecho a su conveniencia, consiente a unos hasta que dejan de servirle y los desecha y con la misma cara dura criminaliza al movimiento social, persigue a quienes disienten para preservar, dicen, la paz social aunque sabemos que es para mantenerse en el poder legal e ilegalmente.

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