El Ceneval, ¿órgano constitucional de evaluación?
HUGO ABOITES
La Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo tercero constitucional, pero algunos cambios son cuestionables. Queda en la ambigüedad la gratuidad de la educación y además posibilita el respaldo legal del más alto nivel a la creciente privatización de la evaluación de la educación.
El texto, ahora sujeto a la aprobación del Senado, habla con apariencia inocua, de garantizar que [la] educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el México de hoy, evaluar masivamente, con la sola excepción de la prueba Enlace, significa una actividad privada y comercial. Por ejemplo, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) se ha convertido en el gran monopolio privado de medición de la educación postsecundaria, pues cada año decide el acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación media superior, superior y al posgrado (pruebas Exani-I, Exani II, Exani-III). Además evalúa a los estudiantes a media carrera (EXIL) y clasifica a quienes terminan sus estudios profesionales (EGEL).
Aprovechando la necesidad de educación de las familias mexicanas, en tres lustros este centro ha evaluado a cerca de 25 millones, que se traducen en 3 mil millones de pesos, incluyendo la mina que significa el examen único que se aplica en el valle de México.
Desde el 2000 el Ceneval evalúa y decide quiénes pueden obtener un título de bachillerato o profesional (aunque no hayan cursado o concluido sus estudios), con base en un procedimiento light de evaluación, de apenas tres días no consecutivos (y el pago de varios miles de pesos).
El Ceneval (1994) fue sólo el pionero. Luego (2000) vino una nube de comités y agencias privadas autorizadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) para evaluar universidades y valorar (acreditar) sus 13 mil 400 programas de estudios profesionales en un esquema monopólico, pues sólo se autoriza una agencia por cada carrera. Las acreditaciones, prácticamente obligatorias, deben repetirse cada cinco años y en el 2000 ya tenían un costo de 100 mil pesos cada una.
Siguiendo esta misma tendencia, la Alianza por la Calidad de la Educación plantea que la certificación de los maestros de educación básica quede en manos de agencias certificadoras (privadas). Evaluar periódicamente a más de un millón de maestros es otro enorme y generoso mercado cautivo. Esta es, pues, la evaluación real que con la ambigua redacción propuesta se elevaría a rango constitucional. Y significaría dar un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial y, además, patentemente ineficiente, pues en todos estos años, esta próspera industria de la evaluación no ha podido generar una dinámica sostenida y generalizada de mejoramiento de la educación.
Significaría, también, no sólo volver legal lo que hasta ahora no está siquiera contemplado en la Ley General de Educación sino, más grave aún, avalar a nivel constitucional el que el Estado ceda o deposite en grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Ni siquiera sería ya el neoliberal Estado evaluador, sino un mero testigo de la acción de los particulares, el Estado testimonial.
En lugar de la evaluación privada y comercial que se define por la vía de los hechos, en este punto parece necesario que la Constitución retome su carácter de proyecto de nación y no de simple sancionadora de la acción arbitraria. El artículo tercero no habla de educación y deja luego su significado a la libre interpretación de los hechos, sino que abundantemente define cómo debe ser ésta (democrática, laica, gratuita, solidaria, derecho de todos…). De ahí que la evaluación, este componente clave del proceso educativo y esencial para su mejoramiento, como también la gratuidad, no pueden quedar al arbitrio de la interpretación factual que se ha construido en estos años, o alguna otra que se construya en el futuro.
Por eso, cabe perfectamente señalar desde ahora que evaluar es una función de Estado, pública y participativa. De ahí que es urgente que el Senado abra una pausa de reflexión responsable, abierta y pública sobre este tema. No debe repetirse el albazo de los diputados. La educación es fundamental –incluso más que el petróleo– para la posibilidad de futuro de un país realmente de todos.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
El texto, ahora sujeto a la aprobación del Senado, habla con apariencia inocua, de garantizar que [la] educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el México de hoy, evaluar masivamente, con la sola excepción de la prueba Enlace, significa una actividad privada y comercial. Por ejemplo, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) se ha convertido en el gran monopolio privado de medición de la educación postsecundaria, pues cada año decide el acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación media superior, superior y al posgrado (pruebas Exani-I, Exani II, Exani-III). Además evalúa a los estudiantes a media carrera (EXIL) y clasifica a quienes terminan sus estudios profesionales (EGEL).
Aprovechando la necesidad de educación de las familias mexicanas, en tres lustros este centro ha evaluado a cerca de 25 millones, que se traducen en 3 mil millones de pesos, incluyendo la mina que significa el examen único que se aplica en el valle de México.
Desde el 2000 el Ceneval evalúa y decide quiénes pueden obtener un título de bachillerato o profesional (aunque no hayan cursado o concluido sus estudios), con base en un procedimiento light de evaluación, de apenas tres días no consecutivos (y el pago de varios miles de pesos).
El Ceneval (1994) fue sólo el pionero. Luego (2000) vino una nube de comités y agencias privadas autorizadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) para evaluar universidades y valorar (acreditar) sus 13 mil 400 programas de estudios profesionales en un esquema monopólico, pues sólo se autoriza una agencia por cada carrera. Las acreditaciones, prácticamente obligatorias, deben repetirse cada cinco años y en el 2000 ya tenían un costo de 100 mil pesos cada una.
Siguiendo esta misma tendencia, la Alianza por la Calidad de la Educación plantea que la certificación de los maestros de educación básica quede en manos de agencias certificadoras (privadas). Evaluar periódicamente a más de un millón de maestros es otro enorme y generoso mercado cautivo. Esta es, pues, la evaluación real que con la ambigua redacción propuesta se elevaría a rango constitucional. Y significaría dar un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial y, además, patentemente ineficiente, pues en todos estos años, esta próspera industria de la evaluación no ha podido generar una dinámica sostenida y generalizada de mejoramiento de la educación.
Significaría, también, no sólo volver legal lo que hasta ahora no está siquiera contemplado en la Ley General de Educación sino, más grave aún, avalar a nivel constitucional el que el Estado ceda o deposite en grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Ni siquiera sería ya el neoliberal Estado evaluador, sino un mero testigo de la acción de los particulares, el Estado testimonial.
En lugar de la evaluación privada y comercial que se define por la vía de los hechos, en este punto parece necesario que la Constitución retome su carácter de proyecto de nación y no de simple sancionadora de la acción arbitraria. El artículo tercero no habla de educación y deja luego su significado a la libre interpretación de los hechos, sino que abundantemente define cómo debe ser ésta (democrática, laica, gratuita, solidaria, derecho de todos…). De ahí que la evaluación, este componente clave del proceso educativo y esencial para su mejoramiento, como también la gratuidad, no pueden quedar al arbitrio de la interpretación factual que se ha construido en estos años, o alguna otra que se construya en el futuro.
Por eso, cabe perfectamente señalar desde ahora que evaluar es una función de Estado, pública y participativa. De ahí que es urgente que el Senado abra una pausa de reflexión responsable, abierta y pública sobre este tema. No debe repetirse el albazo de los diputados. La educación es fundamental –incluso más que el petróleo– para la posibilidad de futuro de un país realmente de todos.
El derecho a la educación y las huelgas
ResponderEliminarCarlos Ornelas
11-Mar-2009
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, estados, Distrito Federal y municipios— impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”. Así lo establece el primer párrafo del artículo tercero de la Constitución y todo el mundo asegura que es un derecho humano fundamental. Pero, ¿qué pasa cuando no se cumple?, ¿es delito?, ¿quién sanciona a los burócratas o docentes que no cumplen con su obligación? Por ejemplo, en una huelga de maestros que, según la anacrónica Ley Federal del Trabajo están prohibidas, pero de todas maneras se realizan a lo largo y ancho del país, se violenta la Carta Magna. Las huelgas de los maestros quebrantan el derecho a la educación; parece que el artículo tercero es bueno para los discursos de burócratas y sindicalistas, pero, en el fondo, la educación obligatoria al final no es apremiante.
Con las huelgas de los docentes, los niños pierden clases, los padres no saben qué hacer y las autoridades se pasman. La huelga en las escuelas es un juego donde la mayoría pierde. Pierde el sistema educativo en su conjunto: los niños no aprenden lo que se supone deben aprender; los contribuyentes observan cómo sus impuestos se esfuman sin que haya resultados positivos, y la sociedad sufre pérdidas, pues no se prepara a una ciudadanía crítica y responsable ni a la fuerza de trabajo competente y calificada que demanda el país. Sólo los inmorales ganan algo, como una comisión sindical o un puesto para hacer nada en alguna oficina de supervisión urbana.
Los paros de los docentes, aunque quienes los realizan encuentren miles de justificaciones, afectan la imagen del magisterio todo, no solamente de los huelguistas, también ello mortifica la imagen de las autoridades educativas, tanto locales como federales. Ante una huelga, se les ve débiles, hasta timoratos; pero sabemos que las autoridades de los estados no tienen medio ni poder para lidiar con los huelguistas y, cuando hay broncas, como en Morelos por la venta de las plazas, necesitan recurrir al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La solución resulta más cara para la sociedad, porque es allí donde los deshonestos sacan su tajada. Por ejemplo, en Quintana Roo, el gobierno local les comprará las plazas a los maestros que se retiren, para que no las hereden o las vendan.
Desde hace años leo en la prensa y en trabajos académicos que la impunidad es la causa principal de que aumenten los delitos y la sociedad descrea del famoso Estado de derecho, de la justicia y de los jueces. No arguyo que los paros de los maestros sean delitos; hasta donde llega mi conocimiento, no están tipificados en ningún código penal. Pero el derecho a la educación no se cumple y alguien falla. El hecho de que no se aplique ninguna sanción a los paristas es un incentivo poderoso para provocar más huelgas. He platicado con padres de familia de Oaxaca y Guerrero y sienten desesperación porque sus hijos pierden clases y no hay quien los defienda (me imagino que padres y madres de familia de Michoacán y otros estados donde el conflicto magisterial es constante también sientan desesperanza). Asimismo, he charlado con docentes responsables que critican la situación de conflicto, los paros frecuentes y la merma de días de clases, pero ellos se ven impedidos de hacer algo, por los controles corporativos que mantiene el sindicato, no importa si la sección se dice democrática, pues en el fondo persiste la corrupción.
Conforme se acerca mayo, la tensión crece, los paros se suceden uno tras otro, la toma de oficinas públicas se multiplica, las autoridades se preparan con el fin de migrar a sedes alternas y allí despachar, mientras la ciudadanía ve venir más marchas, tráfico bloqueado y desperdicio de tiempo. Parece que ya todo el mundo se acostumbró a ello, noto algo de resignación. ¡Basta ya! ¡Que se cumpla el derecho a la educación!
Se les puede exigir responsabilidad a los maestros, demandar a las autoridades locales que pongan orden, aun en las condiciones de precariedad institucional en las que se encuentran, incluso reclamar a los dirigentes sindicales por su juego sucio, pero la responsabilidad final es del gobierno federal. Allí residen los resortes del poder que no se utilizan y la autoridad que no se ejerce. Ya es tiempo de que la burocracia haga su trabajo. La Constitución la pone como el sujeto que debe cumplir con la educación obligatoria. La impunidad es la ausencia del poder del Estado.
Retazos
Tanto en el blog del Excélsior, en la internet, como en mi buzón electrónico, recibí comentarios a mi artículo sobre la quinta columna, de la semana pasada. Sí arguyo que se debe acabar con la venta de plazas, pero no abogo por que la SEP las asigne de forma unilateral. Ese órgano independiente y transparente del que se habla en la Comisión Rectora puede ser la mejor respuesta, por el momento.
Carlos.Ornelas10@gmail.com
Se les puede exigir responsabilidad a los maestros, demandar a las autoridades locales que pongan orden, incluso reclamar a los dirigentes sindicales por su juego sucio, pero la responsabilidad final es del gobierno
Ni un voto al PAN, AL PRI, AL PRD, ni a NUEVA ALIANZA, a ver que hacen si no logran la cantidad de votos para seguir con sus cochinadas. ¡YA BASTA DE TANTAS PORQUERIAS! ¡QUEREMOS UNA VERDADERA DEMOCRACIA NO SIMULACIONES! ¡Compañeros democráticos sigamos adelante!
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