El especialista en asuntos jurídicos dictó ayer la conferencia“Despenalización de los delitos de Difamación y Calumnia. El caso de Puebla” en la UDLAP
Foto José Castañares
Foto José Castañares
El proyecto sobre delitos de prensa
permitirá abusos vs. periodistas:
Ernesto Villanueva Villanueva
permitirá abusos vs. periodistas:
Ernesto Villanueva Villanueva
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NOTA DE HOY,23 DE FEBRERO , LA JORNADA:
Aprueban en Puebla multas hasta de $170 mil por difamación y calumnia
Se eliminan las penas de prisión, a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle
La reforma es para que los medios "ya no den malas noticias" y "haya respeto", dice diputado del Panal
Puede convertirse en instrumento de censura, advierten periodistas y opositores
Aprueban en Puebla multas hasta de $170 mil por difamación y calumnia
Se eliminan las penas de prisión, a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle
La reforma es para que los medios "ya no den malas noticias" y "haya respeto", dice diputado del Panal
Puede convertirse en instrumento de censura, advierten periodistas y opositores
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ARTURO ALFARO GALÁN
Publicado en La Jornada de Oriente. 23 de febrero de 2011
Los aspectos más graves en la iniciativa para despenalizar los delitos de difamación y calumnia en la entidad, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, son: la falta de defensa en los derechos de la personalidad y la intención de limitar la libertad de expresión a través de la imposición de juicios civiles ordinarios, que supondría cauciones económicas y presiones “inimaginables” contra los demandados, explicó el director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Ernesto Villanueva Villanueva.
Además, el académico consideró que trasladar estos delitos del Código Penal al Código de Defensa Social del Estado de Puebla supone una “ayuda” para que los jueces y magistrados impongan una sanción económica en caso de daño moral, lo cual sujetará principalmente a los periodistas en una inhibición del derecho a la libertad de expresión e información.
“Lo más grave es el juicio civil ordinario, que constituye una presión y situación complicada que debe atenderse. En este caso, se dejará al periodista sujeto en un proceso largo, costoso y complicado. Esto tendrá al acusado durante cinco años en zozobra que finalmente lo orillará a atender las peticiones del demandante”, acotó.
El especialista en asuntos jurídicos dictó ayer la conferencia “Despenalización de los delitos de Difamación y Calumnia. El caso de Puebla” en la UDLAP, donde propuso aprobar una ley especial para el código civil, la cual se desarrolle en una base para la defensa de la vida privada, el honor y la propia imagen de las personas; además de establecer un juicio especial para que los jueces y magistrados, previamente capacitados, puedan dictaminar una sentencia por daño moral.
El establecimiento de dichas reglas, apuntó Villanueva, pondrá en una “razonable armonía la libertad de la expresión y la vida privada de los ciudadanos”, con la intención de fortalecer el establecimiento de la democracia en la entidad y el país.
Durante la ponencia, el académico de la UDLAP recomendó al Congreso local analizar las propuestas de la sociedad civil, pues la actual iniciativa de ley –presentada hace unos días por Rafael Moreno Valle como gobernador de Puebla– no concuerda con los valores para la defensa de la libertad de expresión y de la personalidad.
De acuerdo con Villanueva, con la iniciativa “todas las personas están sujetas al mismo matiz de sentencia”, lo cual perjudicará a los comunicadores, ya que no se establece el principio de “malicia efectiva”, mediante el cual un funcionario público estará obligado a probar que el periodista tuvo la intención de ofenderlo directamente con sus publicaciones en los distintos medios.
Además, expuso, la reparación del daño no deberá estar en función de las cauciones económicas cuando se trate de delitos contra la moral de las personas, pues “las palabras se tienen que combatir con las palabras, no con el dinero”.
“Los legisladores deben considerar que la primera sanción debe basarse en la publicación forzosa de un extracto de la sentencia en la que se le acusa de difamación o calumnia, pero no debemos lucrar con el honor. ¿Cuánto vale el honor de un diputado o de un gobernador? Hay que evitar los abusos en las demandas”, refirió Villanueva.
El académico de la UDLAP indicó que la ley que sea aprobada por el Congreso local deberá responder a garantizar el derecho a la información con valores democráticos, así como tener un marco jurídico para el derecho a la vida privada. “Así como la libertad de expresión y la información es fundamental para la democracia, también lo es el derecho a la vida privada, un espacio que debe mantenerse ajeno a las miradas externas”.
En su turno, Lilia Vélez Iglesias, ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Caip) y académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), consideró necesario que los legisladores incluyan en la discusión de la agenda pública el asunto relacionado con la regulación de la publicidad gubernamental, pues en ocasiones se utiliza como una estrategia de censura.
Asimismo, indicó que si las reformas al Código Penal para trasladar las sanciones al Código Civil en la figura de multas contra personas que incurran en daño moral se podrían constituir en inhibidores de la libertad de expresión y la libertad de prensa, debido a que no existe claridad en los criterios de transgresión, sobre todo porque tal como está redactado el planteamiento no parece tener una vinculación con el derecho a la información.
Vélez Iglesias advirtió que la eliminación del castigo con prisión en sí mismo “es positivo”, pues a nivel internacional los principales organismos de derechos humanos hacen esta recomendación: que nadie debe estar en la cárcel por ejercer la libertad de expresión ni la libertad de prensa.
“Aquí lo importante es cómo se va legislar la figura del daño moral estrictamente vinculada con el tema del derecho a la información, porque el daño moral también puede ocurrir por otras razones que van más allá del tema de los medios. Es importante que no se trate de un mecanismo para inhibir la libertad de expresión, para provocar incluso hasta la autocensura, por el temor que puede generar en los periodistas y en los medios ser demandados por la vía civil y tener que pagar multas muy elevadas, porque esto ya lo hemos visto en México”, abundó.
Publicado en La Jornada de Oriente. 23 de febrero de 2011
Los aspectos más graves en la iniciativa para despenalizar los delitos de difamación y calumnia en la entidad, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, son: la falta de defensa en los derechos de la personalidad y la intención de limitar la libertad de expresión a través de la imposición de juicios civiles ordinarios, que supondría cauciones económicas y presiones “inimaginables” contra los demandados, explicó el director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Ernesto Villanueva Villanueva.
Además, el académico consideró que trasladar estos delitos del Código Penal al Código de Defensa Social del Estado de Puebla supone una “ayuda” para que los jueces y magistrados impongan una sanción económica en caso de daño moral, lo cual sujetará principalmente a los periodistas en una inhibición del derecho a la libertad de expresión e información.
“Lo más grave es el juicio civil ordinario, que constituye una presión y situación complicada que debe atenderse. En este caso, se dejará al periodista sujeto en un proceso largo, costoso y complicado. Esto tendrá al acusado durante cinco años en zozobra que finalmente lo orillará a atender las peticiones del demandante”, acotó.
El especialista en asuntos jurídicos dictó ayer la conferencia “Despenalización de los delitos de Difamación y Calumnia. El caso de Puebla” en la UDLAP, donde propuso aprobar una ley especial para el código civil, la cual se desarrolle en una base para la defensa de la vida privada, el honor y la propia imagen de las personas; además de establecer un juicio especial para que los jueces y magistrados, previamente capacitados, puedan dictaminar una sentencia por daño moral.
El establecimiento de dichas reglas, apuntó Villanueva, pondrá en una “razonable armonía la libertad de la expresión y la vida privada de los ciudadanos”, con la intención de fortalecer el establecimiento de la democracia en la entidad y el país.
Durante la ponencia, el académico de la UDLAP recomendó al Congreso local analizar las propuestas de la sociedad civil, pues la actual iniciativa de ley –presentada hace unos días por Rafael Moreno Valle como gobernador de Puebla– no concuerda con los valores para la defensa de la libertad de expresión y de la personalidad.
De acuerdo con Villanueva, con la iniciativa “todas las personas están sujetas al mismo matiz de sentencia”, lo cual perjudicará a los comunicadores, ya que no se establece el principio de “malicia efectiva”, mediante el cual un funcionario público estará obligado a probar que el periodista tuvo la intención de ofenderlo directamente con sus publicaciones en los distintos medios.
Además, expuso, la reparación del daño no deberá estar en función de las cauciones económicas cuando se trate de delitos contra la moral de las personas, pues “las palabras se tienen que combatir con las palabras, no con el dinero”.
“Los legisladores deben considerar que la primera sanción debe basarse en la publicación forzosa de un extracto de la sentencia en la que se le acusa de difamación o calumnia, pero no debemos lucrar con el honor. ¿Cuánto vale el honor de un diputado o de un gobernador? Hay que evitar los abusos en las demandas”, refirió Villanueva.
El académico de la UDLAP indicó que la ley que sea aprobada por el Congreso local deberá responder a garantizar el derecho a la información con valores democráticos, así como tener un marco jurídico para el derecho a la vida privada. “Así como la libertad de expresión y la información es fundamental para la democracia, también lo es el derecho a la vida privada, un espacio que debe mantenerse ajeno a las miradas externas”.
En su turno, Lilia Vélez Iglesias, ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Caip) y académica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), consideró necesario que los legisladores incluyan en la discusión de la agenda pública el asunto relacionado con la regulación de la publicidad gubernamental, pues en ocasiones se utiliza como una estrategia de censura.
Asimismo, indicó que si las reformas al Código Penal para trasladar las sanciones al Código Civil en la figura de multas contra personas que incurran en daño moral se podrían constituir en inhibidores de la libertad de expresión y la libertad de prensa, debido a que no existe claridad en los criterios de transgresión, sobre todo porque tal como está redactado el planteamiento no parece tener una vinculación con el derecho a la información.
Vélez Iglesias advirtió que la eliminación del castigo con prisión en sí mismo “es positivo”, pues a nivel internacional los principales organismos de derechos humanos hacen esta recomendación: que nadie debe estar en la cárcel por ejercer la libertad de expresión ni la libertad de prensa.
“Aquí lo importante es cómo se va legislar la figura del daño moral estrictamente vinculada con el tema del derecho a la información, porque el daño moral también puede ocurrir por otras razones que van más allá del tema de los medios. Es importante que no se trate de un mecanismo para inhibir la libertad de expresión, para provocar incluso hasta la autocensura, por el temor que puede generar en los periodistas y en los medios ser demandados por la vía civil y tener que pagar multas muy elevadas, porque esto ya lo hemos visto en México”, abundó.
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