Un paso más a la privatización de la educación
JAIME ORNELAS DELGADO
Publicado en La Jornada de Oriente. 23 de febrero de 2011
En un acto francamente demagógico, privatizador y electorero, Felipe Calderón emitió un decreto mediante el cual permite la deducción de las colegiaturas del ingreso gravable de las personas físicas. La medida beneficia a las familias de la clase media alta, aquellas que tienen a sus hijos en escuelas privadas desde la preprimaria hasta el bachillerato. Sin duda, el decreto beneficia también, y fundamentalmente, a las empresas de educación privadas.
El chistecito de Calderón costará al erario nacional entre 11 mil y 13 mil millones de pesos anuales, pero lo más grave es que ese caudal de recursos pudo haber tenido un mejor destino, por ejemplo otorgar becas a niños y jóvenes que dejan de acudir a las escuelas públicas por falta de recursos o bien poner piso, techo y baños, sobre todo baños a las escuelas públicas del país.
Estas acciones sí serían responsabilidad del gobierno federal, cuya obligación es fomentar la educación pública y no la privada, que es un negocio mercantil. Pero como de este subsidio, que se niega al maíz por ejemplo, estuvieron excluidas las grandes empresas de educación superior pronto, ya verá usted, se las incluirá para que los sectores más ricos del país sigan eludiendo el pago de impuestos haciendo recaer la carga fiscal en los trabajadores, causante cautivos.
En fin, el decreto de marras es un evidente subsidio a la educación privada y confesional desviando recursos necesarios para otros programas sociales prioritarios, lo cual convierte en regresiva la medida de Calderón que no encuentra la forma de legitimar su endeble gobierno y ahora pretende resarcir la deteriorada imagen de su gobierno y busca apoyo en las clases medias que tienen un fuerte peso específico en la formación de la opinión pública y, sobre todo, votan y votan con la derecha.
A su vez, el sector privado aplaudió la acción presidencial por razones puramente economicistas. La medida representa, dijeron, “un incentivo” para la continuidad de la educación y ayudará a fortalecer el mercado interno. El propio Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, en sendos comunicados señalaron que el decreto presidencial es una “demanda histórica” del sector patronal. Sin quererlo confiesan que la medida es, simplemente, facciosa.
Es curioso el sector empresarial mexicano, que cuando hay alguna medida que tienda a beneficiar a los trabajadores la critican y la descalifican como populista y, ahora, les parece bien este beneficio fiscal de limitados alcances, que tal vez le reditúe algunos votos de la clase media. Por eso la diputada Josefina Vázquez Mota, que sin guardar el decoro, sin medir la magnitud de su despropósito ha proclamado su aspiración a la candidatura presidencial (al parecer se piensa que después de Calderón cualquiera puede ser) y la senadora Teresa Ortuño, que aplaudió arrebatada de entusiasmo lo que llamó la “decisión histórica” del Ejecutivo federal. Posición similar asumida por el SNTE encabezado por Elba Esther, que aplaudió a rabiar la medida que favorece a la educación privada y criterios comerciales.
Pero lo anterior no es anecdótico, por el contrario revela que el decreto no responde a una política pública, en tanto desprecia a 75 por ciento que representa la educación pública, sino que más bien responde a políticas partidarias; para decirlo pronto, es una oferta electoral adelantada encaminada a reforzar la lealtad de una franja de votantes que tradicionalmente ha favorecido al PAN, pero que sin rubor alguno puede coquetear fácilmente con el PRI, cuyos dirigentes, por cierto, se quejan de que el presidente les haya pirateado la propuesta cuya paternidad se atribuyen los priístas, al decir del senador Beltrones que también se apunta para la grande.
La derecha ha dado un paso gigantesco en la privatización de la educación, el siguiente será el bono educativo que se dará a los padres para que inscriban a sus hijos en la escuela privada que deseen, trasladándose el pago de la colegiatura al gobierno. Así, la SEP sólo tendrá la función de caja. El procedimiento es similar al de las medicinas, que si no las hay en el IMSS o en el ISSSTE le dan al derechohabiente un vale para que las adquiera en alguna farmacia convenida y esas instituciones pagan el importe de la receta.
Que difícil será recomponer el país después de 2012, los dos sexenios del PAN en Los Pinos casi logran acabar con la nación. Habrá que rescatarla de las manos de sus peores enemigos históricos.
El chistecito de Calderón costará al erario nacional entre 11 mil y 13 mil millones de pesos anuales, pero lo más grave es que ese caudal de recursos pudo haber tenido un mejor destino, por ejemplo otorgar becas a niños y jóvenes que dejan de acudir a las escuelas públicas por falta de recursos o bien poner piso, techo y baños, sobre todo baños a las escuelas públicas del país.
Estas acciones sí serían responsabilidad del gobierno federal, cuya obligación es fomentar la educación pública y no la privada, que es un negocio mercantil. Pero como de este subsidio, que se niega al maíz por ejemplo, estuvieron excluidas las grandes empresas de educación superior pronto, ya verá usted, se las incluirá para que los sectores más ricos del país sigan eludiendo el pago de impuestos haciendo recaer la carga fiscal en los trabajadores, causante cautivos.
En fin, el decreto de marras es un evidente subsidio a la educación privada y confesional desviando recursos necesarios para otros programas sociales prioritarios, lo cual convierte en regresiva la medida de Calderón que no encuentra la forma de legitimar su endeble gobierno y ahora pretende resarcir la deteriorada imagen de su gobierno y busca apoyo en las clases medias que tienen un fuerte peso específico en la formación de la opinión pública y, sobre todo, votan y votan con la derecha.
A su vez, el sector privado aplaudió la acción presidencial por razones puramente economicistas. La medida representa, dijeron, “un incentivo” para la continuidad de la educación y ayudará a fortalecer el mercado interno. El propio Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, en sendos comunicados señalaron que el decreto presidencial es una “demanda histórica” del sector patronal. Sin quererlo confiesan que la medida es, simplemente, facciosa.
Es curioso el sector empresarial mexicano, que cuando hay alguna medida que tienda a beneficiar a los trabajadores la critican y la descalifican como populista y, ahora, les parece bien este beneficio fiscal de limitados alcances, que tal vez le reditúe algunos votos de la clase media. Por eso la diputada Josefina Vázquez Mota, que sin guardar el decoro, sin medir la magnitud de su despropósito ha proclamado su aspiración a la candidatura presidencial (al parecer se piensa que después de Calderón cualquiera puede ser) y la senadora Teresa Ortuño, que aplaudió arrebatada de entusiasmo lo que llamó la “decisión histórica” del Ejecutivo federal. Posición similar asumida por el SNTE encabezado por Elba Esther, que aplaudió a rabiar la medida que favorece a la educación privada y criterios comerciales.
Pero lo anterior no es anecdótico, por el contrario revela que el decreto no responde a una política pública, en tanto desprecia a 75 por ciento que representa la educación pública, sino que más bien responde a políticas partidarias; para decirlo pronto, es una oferta electoral adelantada encaminada a reforzar la lealtad de una franja de votantes que tradicionalmente ha favorecido al PAN, pero que sin rubor alguno puede coquetear fácilmente con el PRI, cuyos dirigentes, por cierto, se quejan de que el presidente les haya pirateado la propuesta cuya paternidad se atribuyen los priístas, al decir del senador Beltrones que también se apunta para la grande.
La derecha ha dado un paso gigantesco en la privatización de la educación, el siguiente será el bono educativo que se dará a los padres para que inscriban a sus hijos en la escuela privada que deseen, trasladándose el pago de la colegiatura al gobierno. Así, la SEP sólo tendrá la función de caja. El procedimiento es similar al de las medicinas, que si no las hay en el IMSS o en el ISSSTE le dan al derechohabiente un vale para que las adquiera en alguna farmacia convenida y esas instituciones pagan el importe de la receta.
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