Por: Rosalía Vergara
Artículo publicado en edición 1719 de la revista Proceso 1719 que empezó a circular el domingo 11 de octubre.
Artículo publicado en edición 1719 de la revista Proceso 1719 que empezó a circular el domingo 11 de octubre.
MÉXICO, OCT 11.- Detrás del embate del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– se encuentra la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.
Así lo asegura en entrevista con Proceso el líder sindical y añade que, con ese fin, en julio de 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, le otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673. En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación. Desde 2000 el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: en 2003, en 2005 y en 2007. Finalmente se decidió que el 16 de mayo de 2008 comenzarían los trabajos para la instalación de la red, pero el SME impidió la realización de las obras.Esparza comenta que el pasado 30 de junio el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, y él, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones.Asegura que a partir de esa fecha la dependencia tendría que haber respondido en dos o tres meses, pues cumplieron con los 40 requisitos exigidos para otorgar un título de esa naturaleza. Para respaldar su solicitud, dice, presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LFC cuenta con capacidad para operar la red.El documento, precisa Esparza, propone un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.De acuerdo con el dirigente sindical, la utilización de este sistema con la infraestructura de LFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.Sin embargo, afirma, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. Todos ellos tienen intereses en el caso, sostiene Esparza.
–¿Cómo puede estar tan seguro de ello? –se le pregunta.
–Lo sé porque en abril pasado el director de Luz y Fuerza y yo nos reunimos con esas personas. Salinas Torre es quien llevaba la representación del despacho de Diego Fernández de Cevallos.
Los intereses
Las autoridades encabezadas por el Presidente Felipe Calderón y su colaborador Javier Lozano pretenden obligar al SME a que permita a WL Comunicaciones instalar y operar la red de fibra óptica, sostiene Martín Esparza.Explica que la red de telecomunicaciones representa un gran negocio para el gobierno federal, que no tiene ninguna intención de otorgarle a LFC y al SME la concesión para operarla. Reconoce que él dio la instrucción para que no se permitiera a gente de la empresa instalar el servicio, “porque al sindicato nunca lo tomaron en cuenta a la hora de firmar el convenio”.“Se lo dije al presidente de la República, y estaba Javier Lozano ahí. Le dije: ¿quieres (sic) que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dicen con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim –dueño de Telmex–, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, refiere.Los opositores del dirigente sindical afirman que De la Huerta y Weihouse, sus asesores, “son gente de Lozano Alarcón”. El propio Esparza señala que no entiende la actitud del secretario del Trabajo, pues él los ayudó a elaborar el proyecto.
–¿En el fondo de este problema se encuentra un conflicto de interés?
– Así es.
–Entonces, ¿Lozano Alarcón también está involucrado?
–Si, él es consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999. Él nos ayudó a elaborar la solicitud que entregamos a la Cofetel. Es un estudio económico y financiero para manejar la red.WL Comunicaciones fue creada el 23 de agosto de 1998, como se asienta en la escritura 1974, emitida por el notario público número 39 de la Ciudad de México, Ricardo Íñiguez.En el Registro Público de la Propiedad, folio 244069, está registrada la empresa desde el 2 de febrero de 1999, con una duración de 99 años y un capital de 50 mil pesos. Fue creada para “la instalación de cableado y canalizaciones telefónicas llevándose a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley General de Comunicación, reglamentos y aplicables y disposiciones administrativas por la autoridad competente”.La escritura también establece que los contratos que pretenda realizar con otras empresas de redes públicas de telecomunicaciones, permisionarios o prestadores de servicios, así como convenios de interconexión con otras redes, deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).Asimismo, señala que podrá ofertar servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; servicio de transmisión de datos; provisión y arrendamiento de la red para transmitir y recibir signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos e “información de cualquier naturaleza”. Una de las condiciones para que la compañía pudiera operar era que contara con 100 millones de pesos para iniciar la prestación de servicios. Operaría en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Valle de México. La empresa utilizaría equipos de banda ancha para brindar el servicio.El 12 de enero de 2001, WL Comunicaciones solicitó la primera prórroga de un año para cumplir con los términos de la concesión; el 19 de marzo de 2002 pidió la segunda prórroga, con el argumento de que estaba en espera de la autorización de Ferrocarriles Mexicanos de un derecho de vía de Matamoros a la Ciudad de México, así como de Luz y Fuerza del Centro en el Valle de México y Toluca, para cumplir con su compromiso. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad se negó a aceptar su solicitud para el derecho de vía sobre torres de alta tensión. Ferrocarriles sí le dio permiso.El 9 de abril de 2003, el director de la Cofetel, Pedro Francisco Guerra Morales, autorizó a WL Comunicaciones una tercera prórroga para cumplir con la concesión, de acuerdo con el oficio CFT/D06/CGST/DGLVA/2575/2003. Incluso avaló la modificación de los términos de la concesión debido a que se usarían vías ferroviarias para la prestación del servicio.
La rapiña
El 23 de agosto de 2005, Luz y Fuerza del Centro firmó un convenio con la empresa, representada en ese momento por Cristóbal Mario Canales Lebrija, para arrendarle el espacio de un cable de hilo de guarda para instalar un cable de 48 fibras ópticas en torres, cuadros y postes de las líneas de transmisión, así como un cable de 60 fibras ópticas en las rutas subterráneas para que operara y explotara una red pública de telecomunicaciones, mediante el pago de una renta como contraprestación al uso solicitado.Ese documento fue firmado por Canales Lebrija en representación de WL Comunicaciones, y por seis funcionarios de LFC, encabezados por el subdirector de Distribución y Comercialización, Óscar Luce González; no cuenta con la firma del director de la paraestatal.En diciembre de 2007, el convenio (folio C/001/2007) se modificó debido a que el 27 de noviembre de 2006 el presidente Vicente Fox decretó una reforma que modifica y adiciona la Ley Federal de Derechos. Este ordenamiento establece la obligación de pagar anualmente por el uso de postes, torres, ductos o bienes similares propiedad de organismos públicos descentralizados una cuota de 50 pesos por poste o torre, y de 550 pesos por kilómetro o fracción de ducto. Esos pagos entraron en vigor a partir de enero de 2007.Así, el convenio de arrendamiento firmado en 2005 quedó sin efecto, pues la empresa pagaría un derecho en lugar de renta, por lo que LFC entregó un permiso para uso de su infraestructura. Se modificó la cláusula 18 del convenio, a fin de que la empresa entregara 20 equipos de terminales ópticas para que la paraestatal operara 16 fibras ópticas, 24 subterráneas y pudiera usarlas para proveer de capacidad de red, que incluye voz, datos, video y cualquier otra tecnología disponible.Este servicio podrá ofrecerlo “a cualquiera de los entes que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal Federal; de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal pertenecientes a cualquiera de los tres niveles de gobierno; poderes Legislativo y Judicial, federal y local, órganos constitucionales autónomos y en general cualquier ente público que se encuentre situado dentro de la zona de influencia donde LFC desarrolle sus actividades. También podrán utilizarse los bienes para comunicaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno”.Para Esparza Flores, las autoridades están utilizando el conflicto interno del sindicato para finiquitar a LFC, privatizarla y poder operar desde el gobierno federal la red de fibra óptica.“Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de 1% en el territorio nacional. Tenemos la fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e internet con una respuesta muy rápida”, puntualiza. El objetivo, dice, es abaratar los costos.Y afirma: “En el fondo está el interés de los empresarios que dicen que es momento de liquidar a LFC y acabar con el sindicato. Se trata de una agresión contra la empresa, los trabajadores y la autonomía sindical”.Añade que la STPS está tratando de “reventar” a la organización sindical para preparar una posible intervención a LFC. Es una labor, indica, que se está haciendo de manera paulatina, pues agentes de Gobernación y de la Policía Federal vestidos de civiles amedrentan a los trabajadores.
–¿Y si deciden fusionar Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Electricidad?
–Sería una especie de privatización, pero habrá que preguntarle al SUTERM cuál contrato colectivo de trabajo le conviene: si el de ellos o el de nosotros. El intento de fusión les traerá problemas laborales. El contrato colectivo de trabajo existe. ¿Cómo lo van a liquidar? Mientras el SME exista no pueden liquidar a la empresa. Por eso quieren dejar al sindicato en estado de indefensión: para realizar sus planes de requisa.
Así lo asegura en entrevista con Proceso el líder sindical y añade que, con ese fin, en julio de 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, le otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673. En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación. Desde 2000 el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: en 2003, en 2005 y en 2007. Finalmente se decidió que el 16 de mayo de 2008 comenzarían los trabajos para la instalación de la red, pero el SME impidió la realización de las obras.Esparza comenta que el pasado 30 de junio el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, y él, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones.Asegura que a partir de esa fecha la dependencia tendría que haber respondido en dos o tres meses, pues cumplieron con los 40 requisitos exigidos para otorgar un título de esa naturaleza. Para respaldar su solicitud, dice, presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LFC cuenta con capacidad para operar la red.El documento, precisa Esparza, propone un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.De acuerdo con el dirigente sindical, la utilización de este sistema con la infraestructura de LFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.Sin embargo, afirma, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. Todos ellos tienen intereses en el caso, sostiene Esparza.
–¿Cómo puede estar tan seguro de ello? –se le pregunta.
–Lo sé porque en abril pasado el director de Luz y Fuerza y yo nos reunimos con esas personas. Salinas Torre es quien llevaba la representación del despacho de Diego Fernández de Cevallos.
Los intereses
Las autoridades encabezadas por el Presidente Felipe Calderón y su colaborador Javier Lozano pretenden obligar al SME a que permita a WL Comunicaciones instalar y operar la red de fibra óptica, sostiene Martín Esparza.Explica que la red de telecomunicaciones representa un gran negocio para el gobierno federal, que no tiene ninguna intención de otorgarle a LFC y al SME la concesión para operarla. Reconoce que él dio la instrucción para que no se permitiera a gente de la empresa instalar el servicio, “porque al sindicato nunca lo tomaron en cuenta a la hora de firmar el convenio”.“Se lo dije al presidente de la República, y estaba Javier Lozano ahí. Le dije: ¿quieres (sic) que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dicen con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim –dueño de Telmex–, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, refiere.Los opositores del dirigente sindical afirman que De la Huerta y Weihouse, sus asesores, “son gente de Lozano Alarcón”. El propio Esparza señala que no entiende la actitud del secretario del Trabajo, pues él los ayudó a elaborar el proyecto.
–¿En el fondo de este problema se encuentra un conflicto de interés?
– Así es.
–Entonces, ¿Lozano Alarcón también está involucrado?
–Si, él es consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999. Él nos ayudó a elaborar la solicitud que entregamos a la Cofetel. Es un estudio económico y financiero para manejar la red.WL Comunicaciones fue creada el 23 de agosto de 1998, como se asienta en la escritura 1974, emitida por el notario público número 39 de la Ciudad de México, Ricardo Íñiguez.En el Registro Público de la Propiedad, folio 244069, está registrada la empresa desde el 2 de febrero de 1999, con una duración de 99 años y un capital de 50 mil pesos. Fue creada para “la instalación de cableado y canalizaciones telefónicas llevándose a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley General de Comunicación, reglamentos y aplicables y disposiciones administrativas por la autoridad competente”.La escritura también establece que los contratos que pretenda realizar con otras empresas de redes públicas de telecomunicaciones, permisionarios o prestadores de servicios, así como convenios de interconexión con otras redes, deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).Asimismo, señala que podrá ofertar servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; servicio de transmisión de datos; provisión y arrendamiento de la red para transmitir y recibir signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos e “información de cualquier naturaleza”. Una de las condiciones para que la compañía pudiera operar era que contara con 100 millones de pesos para iniciar la prestación de servicios. Operaría en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Valle de México. La empresa utilizaría equipos de banda ancha para brindar el servicio.El 12 de enero de 2001, WL Comunicaciones solicitó la primera prórroga de un año para cumplir con los términos de la concesión; el 19 de marzo de 2002 pidió la segunda prórroga, con el argumento de que estaba en espera de la autorización de Ferrocarriles Mexicanos de un derecho de vía de Matamoros a la Ciudad de México, así como de Luz y Fuerza del Centro en el Valle de México y Toluca, para cumplir con su compromiso. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad se negó a aceptar su solicitud para el derecho de vía sobre torres de alta tensión. Ferrocarriles sí le dio permiso.El 9 de abril de 2003, el director de la Cofetel, Pedro Francisco Guerra Morales, autorizó a WL Comunicaciones una tercera prórroga para cumplir con la concesión, de acuerdo con el oficio CFT/D06/CGST/DGLVA/2575/2003. Incluso avaló la modificación de los términos de la concesión debido a que se usarían vías ferroviarias para la prestación del servicio.
La rapiña
El 23 de agosto de 2005, Luz y Fuerza del Centro firmó un convenio con la empresa, representada en ese momento por Cristóbal Mario Canales Lebrija, para arrendarle el espacio de un cable de hilo de guarda para instalar un cable de 48 fibras ópticas en torres, cuadros y postes de las líneas de transmisión, así como un cable de 60 fibras ópticas en las rutas subterráneas para que operara y explotara una red pública de telecomunicaciones, mediante el pago de una renta como contraprestación al uso solicitado.Ese documento fue firmado por Canales Lebrija en representación de WL Comunicaciones, y por seis funcionarios de LFC, encabezados por el subdirector de Distribución y Comercialización, Óscar Luce González; no cuenta con la firma del director de la paraestatal.En diciembre de 2007, el convenio (folio C/001/2007) se modificó debido a que el 27 de noviembre de 2006 el presidente Vicente Fox decretó una reforma que modifica y adiciona la Ley Federal de Derechos. Este ordenamiento establece la obligación de pagar anualmente por el uso de postes, torres, ductos o bienes similares propiedad de organismos públicos descentralizados una cuota de 50 pesos por poste o torre, y de 550 pesos por kilómetro o fracción de ducto. Esos pagos entraron en vigor a partir de enero de 2007.Así, el convenio de arrendamiento firmado en 2005 quedó sin efecto, pues la empresa pagaría un derecho en lugar de renta, por lo que LFC entregó un permiso para uso de su infraestructura. Se modificó la cláusula 18 del convenio, a fin de que la empresa entregara 20 equipos de terminales ópticas para que la paraestatal operara 16 fibras ópticas, 24 subterráneas y pudiera usarlas para proveer de capacidad de red, que incluye voz, datos, video y cualquier otra tecnología disponible.Este servicio podrá ofrecerlo “a cualquiera de los entes que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal Federal; de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal pertenecientes a cualquiera de los tres niveles de gobierno; poderes Legislativo y Judicial, federal y local, órganos constitucionales autónomos y en general cualquier ente público que se encuentre situado dentro de la zona de influencia donde LFC desarrolle sus actividades. También podrán utilizarse los bienes para comunicaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno”.Para Esparza Flores, las autoridades están utilizando el conflicto interno del sindicato para finiquitar a LFC, privatizarla y poder operar desde el gobierno federal la red de fibra óptica.“Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de 1% en el territorio nacional. Tenemos la fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e internet con una respuesta muy rápida”, puntualiza. El objetivo, dice, es abaratar los costos.Y afirma: “En el fondo está el interés de los empresarios que dicen que es momento de liquidar a LFC y acabar con el sindicato. Se trata de una agresión contra la empresa, los trabajadores y la autonomía sindical”.Añade que la STPS está tratando de “reventar” a la organización sindical para preparar una posible intervención a LFC. Es una labor, indica, que se está haciendo de manera paulatina, pues agentes de Gobernación y de la Policía Federal vestidos de civiles amedrentan a los trabajadores.
–¿Y si deciden fusionar Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Electricidad?
–Sería una especie de privatización, pero habrá que preguntarle al SUTERM cuál contrato colectivo de trabajo le conviene: si el de ellos o el de nosotros. El intento de fusión les traerá problemas laborales. El contrato colectivo de trabajo existe. ¿Cómo lo van a liquidar? Mientras el SME exista no pueden liquidar a la empresa. Por eso quieren dejar al sindicato en estado de indefensión: para realizar sus planes de requisa.
