miércoles, 9 de noviembre de 2011

A CONCILIACION Y ARBITRAJE, EL 18 DE NOVIEMBRE

 CDM se suma vs cambios a la Carrera Magisterial

Con este título la repportera  registra el llamado de maestros democráticos de Puebla sumarse a la demanda contra la SEP y el SNTE y presentar sus expedientes ante Tribunales laborales el próximo 18 de noviembre en el Distrito Federal 
Verónica de la Luz.


Puntual, 9 de noviembre de 2011

El próximo 18 de noviembre, un grupo de aproximadamente 50 mil docentes del país demandarán ante el Tribunal Laboral Federal a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) un pacto que impone la certificación y el despido de maestros mediante las reformas al Reglamento a la Carrera Magisterial, además de los cambios a la Evaluación Universal-Certificación de competencias laborales.

A este grupo, se sumarán docentes poblanos, según lo anunció el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano, Miguel Guerra. En la demanda se solicitará la suspensión temporal y definitiva de la Evaluación-certificación de competencias; los solicitantes arguyen: “rechazamos  la evaluación universal porque la capacitación laboral es un derecho de los trabajadores ajena a la certificación de competencias laborales y al despido, porque es violatoria de los derechos laborales”.

La Unión de Juristas de México es la encargada del proceso jurídico que emprendieron los docentes, y uno de los integrantes de este organismo, César de León, dio una conferencia de prensa en la que explicó que las demandas de los docentes. Se solicitará el cumplimiento de la legislación laboral, el reconocimiento de los derechos adquiridos de estabilidad laboral; contratación, promoción, promoción y permanencia indefinida en el empleo; inamovilidad de su puesto; nulidad y cese de los efectos y alcances jurídicos de la certificación y evaluación de competencias que establecerá la SEP a los demandantes; la no aplicación de ninguna prueba de evaluación o certificación de los docentes en su empleo, pues –dijeron los llamados disidentes- esa evaluación implica renuncia de los derechos laborales.

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